El líder opositor Jorge Larrañaga advirtió hoy que pedirá una consulta popular si el oficialismo deroga en el Parlamento la Ley de Caducidad, que impide juzgar violaciones a los derechos humanos cometidas por uniformados durante la dictadura y que ya fue ratificada dos veces en referéndum.
Larrañaga, senador y número dos del conservador Partido Nacional, apuntó en declaraciones al diario El País que el proyecto de Ley diseñado por el gobernante Frente Amplio para anular los efectos de la controvertida norma constituyen un "grave error" y un "atropello" al pronunciamiento popular.
Larrañaga señaló que si al final ese proyecto se aprueba, él acompañará un nuevo plebiscito sobre el tema, ya que "está en juego la libertad, el respeto, el Estado de derecho, la certeza y la credibilidad del sistema político".
El pasado martes el Frente Amplio, la coalición de izquierdas que gobierna uruguay desde 2005, inició los trámites parlamentarios para aprobar una ley que declarare inexistente la Ley de Caducidad.
Ese proyecto busca obligar a los Tribunales a considerar defendidas por la Constitución todas normas internacionales de defensa de los derechos humanos y por tanto hacer inaplicable la Ley de Caducidad, aprobada tras la salida de la dictadura y refrendada en las urnas en 1989 y en 2009.
"La idea no es anular la Ley. Es declararla inexistente e inaplicable por los tribunales. Se trata de un proyecto, apoyado unánimemente por el Frente Amplio y que se basa en una sentencia de la Suprema Corte que señala que la Ley de Caducidad es inconstitucional", explicó entonces la diputada Daniela Payssé.
Para el dirigente nacionalista, esto constituye "un grave error del Frente Amplio" puesto que "no se trata de un proyecto que discuta sobre los derechos humanos. Es un proyecto que atropella directamente el pronunciamiento de la gente ejercido en dos instancias plebiscitarias".
Larrañaga señaló que, pese a que él votó en 1989 contra esa ley, "después de dos claros pronunciamientos para mantenerla es un ejercicio de soberbia pretender otra interpretación".
El senador agregó que "si la ley del Frente se aprueba, se podría llegar a una tercera instancia plebiscitaria, un verdadero disparate, un absurdo".
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que fue creada en 1986 y aprobada en referéndum en 1989, impide juzgar a militares y policías por los crímenes de lesa humanidad que cometieron en Uruguay durante la dictadura (1973-1985), aunque no protege los delitos cometidos por civiles ni los realizados en el exterior del país.
Asimismo, la norma otorga al Ejecutivo el poder para decidir que casos quedan amparados por la Ley y cuales no.
La nulidad de la norma fue desde entonces un caballo de batalla del Frente Amplio, sindicatos y defensores de los Derechos Humanos, que recabaron en 2009 más de 250.000 firmas para llevarla de nuevo a las urnas.
En octubre de 2009, en coincidencia con las elecciones presidenciales, los uruguayos rechazaron la anulación de la Ley, si bien los defensores de su eliminación no cejaron en sus intentos de hacerla inaplicable.
