La oposición política colombiana y grupos defensores de los derechos humanos consideraron hoy un "retroceso" e "irrespeto" la Ley de Víctimas aprobada anoche en el Legislativo por "discriminar" a los afectados por el terrorismo de Estado.
El congresista del opositor Partido Liberal y ponente de la Ley, Guillermo Rivera, dijo hoy a los periodistas que siente frustración por lo aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Uno de los puntos más polémicos es que la Ley reconoce que los agentes del Estado pueden ser victimarios, pero esto solo se reconocerá mediante una sentencia judicial siempre y cuando el agente haya cometido el delito en razón del servicio.
"Eso es excluyente comparado con las víctimas de los guerrilleros y paramilitares, quienes la recibirán 18 meses después de ocurridos los hechos", explicó.
Según Rivera, la forma como se aprobó la Ley de Víctimas fue "una salvajada", porque se votaron los más de 160 artículos en una sola ocasión y no por voto nominal a cada una de las iniciativas como proponía el Partido Liberal, el movimiento que lideró la iniciativa.
En todos los casos, incluidas las víctimas de agentes estatales, la reparación administrativa será de hasta de 19 millones de pesos (unos 9.500 dólares), una parte en dinero y otra en asistencia social.
"Es una mezcla de indemnización pecuniaria con lo asistencial, pues el Estado no se declara culpable sino solidario con las víctimas", subrayó Rivera, al puntualizar que con esa ley aprobada "las víctimas quedaron aún en peor condición de la que estaban".
En un comunicado, la Mesa del Encuentro Nacional de Víctimas, constituida por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, también criticó la Ley aprobada en el Legislativo, porque -a su juicio- "desconoce los mínimos estándares internacionales y constitucionales".
Además, recordó que las Naciones Unidas hicieron algunas recomendaciones al texto de la Ley, que no fueron atendidas, al igual que "las propuestas que expresaron más de 4.000 víctimas".
Colombia vive un conflicto armado desde hace más de 40 años protagonizado por guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y fuerzas del orden, lo que ha generado una multitud de violaciones a los derechos humanos por parte de todos los actores.
