La planta metalúrgica de cobre inaugurada hace dos días por el Gobierno de Evo Morales en el altiplano boliviano comenzó a operar sin tener la licencia ambiental exigida por las normas vigentes, publican hoy medios locales.
El presidente de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Hugo Miranda, dijo a los medios que el trámite ante el Viceministerio de Medio Ambiente para obtener el permiso está en curso, si bien el proyecto tiene el aval del Ministerio de Minería.
Explicó que "hubo algunas observaciones" a la solicitud, por lo que los técnicos del Ministerio de Minería, de Comibol y de la planta, situada en el centro minero Corocoro, a 50 kilómetros de La Paz, sostienen reuniones para corregir las dificultades.
Según el diario La Prensa, el viceministro de Medio Ambiente, Pablo Ramos Morales, aseguró que su oficina aún no ha recibido ningún trámite relativo a la licencia ambiental para Corocoro.
Ramos abrió la posibilidad de que la solicitud esté siendo analizada previamente "en el organismo sectorial competente".
La planta metalúrgica fue inaugurada el pasado martes 27 por el presidente Morales, aunque los medios reportan que Corocoro comenzó a producir láminas de cobre hace dos semanas.
La licencia ambiental es un requerimiento establecido en las normas bolivianas para toda actividad de explotación de recursos naturales.
Según el diario La Razón, el dirigente de las comunidades aledañas al yacimiento, Rafael Quispe Flores, alertó de que las operaciones mineras contaminan los cultivos agrícolas y anunció que los campesinos evitarán que continúe la producción de cobre.
El presidente de la Comibol admitió que hubo problemas ambientales durante el período de pruebas en la planta y aclaró que los técnicos estatales trabajan para superar tales dificultades.
La Comibol invirtió 18,5 millones de dólares en la planta, que producirá 3.600 toneladas anuales de cobre metálico y que cuenta con 160 trabajadores.
El Estado boliviano también tiene un acuerdo con la empresa surcoreana Kores, que invertirá 200 millones de dólares en otra planta en la misma localidad, que producirá entre seis y ocho veces más que la instalación administrada por el Ejecutivo.
