La policía brasileña liberó en el cómputo global de 2008 a 4.634 trabajadores que eran explotados y tratados por sus patrones en condiciones análogas a la esclavitud, informaron hoy fuentes oficiales.
En total, fueron realizados 133 operativos, una cifra récord desde 1995, año en que fue creado el Grupo Móvil de inspección del ministerio de Trabajo y Empleo (MTE), formado por varias dependencias, entre las que destaca la Policía Federal, informó el ministerio.
Las personas liberadas eran en su mayoría peones empleados en haciendas en las que realizaban trabajos forzados, o eran sometidos a jornadas exhaustivas, a tareas degradantes, sin las medidas básicas de seguridad o higiene.
También se ha detectado la práctica de servidumbre por deuda, que consiste en obligar al bracero a trabajar para pagar los gastos del alojamiento y el precio del transporte desde su ciudad de origen hasta el campo.
Los gastos normalmente superan al salario, por lo que el empleado se ve sometido a continuar trabajando sin recibir ingresos a cambio y con una deuda que crece indefinidamente.
El Grupo Móvil del MTE intensificó este año la atención en los cañaverales y en los latifundios ganaderos, que son los líderes en las denuncias por utilizar mano de obra esclava.
Los braceros cobran según la cantidad de caña cortada cada día. El convenio de referencia en Sao Paulo, la mayor región productora de azúcar y etanol destilado de caña, estipula que los braceros deben cortar y apilar entre diez y doce toneladas de caña por día, para recibir un salario equivalente a 540 dólares mensuales.
Este convenio muchas veces no es respetado en las haciendas, algunas de las cuales someten a los empleados a trabajo esclavo.
Los dueños de las haciendas que retenían a estos "esclavos modernos" pagaron indemnizaciones por 8,2 millones de reales (unos 3,51 millones de dólares), que supusieron una media de 758 dólares por cada trabajador sometido a explotación.
Las empresas también pueden ser sancionadas con su registro en una "lista negra" del ministerio, a cuyos integrantes se les veta el acceso a las líneas de crédito de los bancos oficiales y privados.
Esta lista, actualizada semestralmente, ya cuenta con 205 nombres de empresarios agrícolas que abusaban de sus empleados.
