La policía uruguaya desalojó pacíficamente a un grupo de cien funcionarios judiciales que ocupó casi hasta la pasada medianoche la sede de la Suprema Corte de Justicia para reclamar mejores salarios en medio de una ola de conflictos laborales que afronta el Gobierno de José Mujica.
El desalojo fue antecedido de negociaciones entre dirigentes de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), autoridades del Poder Ejecutivo, legisladores oficialistas y el jefe de Policía de Montevideo, Walder Ferreira.
Antes de retirarse de la sede de la Suprema Corte, ubicada en el centro de Montevideo, los trabajadores judiciales lograron el compromiso del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, de recibirlos en esta jornada para instalar una mesa de negociación.
Además, la bancada de senadores de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio, también se comprometió a conceder una entrevista al gremio para escuchar sus reclamos.
La ocupación de la Suprema Corte de Justicia fue precedida de una resolución de la asamblea de la AFJU que rechazó la propuesta de aumento salarial de 500 pesos (25 dólares) que prevé el Gobierno en el Presupuesto de gastos para el período 2010-2015 actualmente a estudio por el Parlamento.
El desalojo del edificio fue solicitado al Gobierno por parte de los ministros de la SCJ, máximo organismo judicial del país.
El presidente en ejercicio de la Suprema Corte, Leslie Van Rompaey, calificó como "un hecho gravísimo" la ocupación de la sede y agregó que se debió a una medida "totalmente irracional" de los funcionarios judiciales.
"No se puede tolerar la ocupación porque afecta el cumplimiento de un cometido esencial del Estado", agregó Van Rompaey en declaraciones a medios locales.
El presidente Mujica se refirió el martes a la ola de reclamos sindicales que afronta actualmente Uruguay y dijo: "le estamos haciendo mal a esa imagen que hemos logrado construir entre todos de un país serio, previsible y viable".
Actualmente, médicos, escribanos, empleados de la banca oficial, recolectores de basura, controladores aéreos, metalúrgicos, trabajadores de la industria cárnica, los funcionarios públicos y los municipales de Montevideo, entre otros sectores, están en huelga o realizan protestas para reclamar mejores salarios y otras retribuciones.
Además del presupuesto de gastos del Gobierno para el próximo quinquenio que estudia el Parlamento, se negocian los consejos de salarios entre empresarios y trabajadores con la mediación oficial, y está en marcha una reforma del Estado, lo que contribuye a un clima general de confrontación.
El pasado 16 de noviembre la principal central obrera de Uruguay, PIT-CNT realizó una huelga general de cuatro horas, la quinta desde que Mujica asumió la Presidencia el pasado 1 de marzo, para reclamar mayor presupuesto oficial para impulsar el país productivo y mejores salarios, entre otras reivindicaciones.
