Oficinas del Consulado de Guinea Bissau en Buenos Aires realizan operaciones financieras ilegales, reveló una investigación periodística publicada hoy por el diario bonaerense Crítica.
Según el periódico, en estas oficinas consulares, ubicadas en pleno centro de la capital, se cambian cheques por dinero en efectivo sin controles legales.
La investigación señaló que entre los clientes hay empresarios ligados al negocio de los medicamentos y hombres vinculados a una investigación judicial en curso por narcotráfico de efedrina a México.
También aparece como cliente, Sebastián Forza, un joven empresario asesinado este año junto con otros dos hombres, crimen que la Justicia sospecha está conectado con un ajuste de cuentas del narcotráfico.
El periódico cita como fuentes a clientes, banqueros y operadores del mercado sin identificar, quienes reconocen a esta "cueva" (como se llama popularmente en Argentina a estos lugares donde se realizan operaciones con dinero sin el control de las autoridades) como una de las mayores del centro porteño, presuntamente manejada por militares.
"La 'cueva' funciona en 25 de Mayo 293, sexto piso, en el consulado de Guinea-Bissau", aseveró Crítica, que indicó que el caso está bajo investigación del juez Sergio Torres y el fiscal Guillermo Marijuán.
La investigación judicial se inició en octubre pasado a partir de una denuncia anónima que señaló el nombre de un hombre y su socio que recibían los cheques del centro de operaciones ilegales y los depositaban a nombre de empresas exentas del impuesto argentino al cheque, que es del 0,6 por ciento.
De acuerdo con la información del periódico, en los registros de la cancillería argentina sobre la representación consular de Guinea Bissau en Buenos Aires, aparece como cónsul honorario de ese país el argentino Enrique Óscar Montiel.
Crítica publicó que Montiel, un ex militar de 78 años, "llegó en su carrera a ser mayor de Infantería" y, según los registros castrenses, murió el 11 de marzo de 1997, aunque luego de ese fecha su nombre figura como fundador de una empresa en 2000 y hasta fue candidato a legislador por una fuerza de derecha en 2003.
Según la investigación periodística, el "encargado operativo" de las operaciones ilegales es el abogado Guillermo Silvio Martinero, de 37 años, quien "ha defendido a varios militares ante los tribunales".
