La retirada del Gobierno de Colombia de una audiencia sobre el caso del espionaje de su servicio de inteligencia causó polémica en el penúltimo día de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dedicado casi en su totalidad a ese país y a México.
En la audiencia, una de las cinco dedicadas a Colombia en el calendario de hoy, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron una "gigantesca e ilegal" operación de inteligencia contra ONG y activistas.
En esa trama de espionaje no sólo participó el servicio de inteligencia de Colombia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), sino todas las agencias del Estado, alegaron.
El Gobierno colombiano, representado por su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso Hoyos, se negó a permanecer en la audiencia y a escuchar los argumentos de los peticionarios, al asegurar que la CIDH y los denunciantes no habían aportado a Colombia la documentación que ésta requería.
Según los peticionarios, las agencias del Estado involucradas en la operación recabaron información personal y familiar de los "blancos", además de llevar a cabo operaciones de "neutralización" y de "guerra psicológica", con actos de "intimidación".
El comisionado de la CIDH Paulo Sérgio Pinheiro calificó la operación de espionaje de "escándalo", sobre todo por el hecho de que ésta ocurra en el seno de un Gobierno constitucional, y aseguró que el organismo abordará este asunto en su reunión la próxima semana con el vicepresidente del país, Francisco Santos.
En otra de las audiencias sobre Colombia, el CEJIL y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) exigieron que el Gobierno reconozca a las personas desplazadas como víctimas del conflicto armado.
Además, solicitaron que el Ejecutivo avance en el cumplimiento del goce efectivo de derechos de los afectados, de acuerdo con lo estipulado por la Corte Constitucional de Colombia en 2004, cuando declaró el desplazamiento un "estado de cosas inconstitucional".
Los portavoces de CODHES, Jorge Rojas y Marco Romero, afirmaron que el desplazamiento forzado en Colombia, que afecta a entre 3,2 y 4,6 millones de personas, constituye la "crisis humanitaria más grave del continente americano".
México también protagonizó cinco audiencias en la jornada de hoy, dedicadas a los derechos de jornaleros indígenas migrantes en Guerrero, la violencia institucional contra las mujeres, la seguridad pública y derechos humanos en Tijuana y la situación de los derechos políticos.
En este contexto, el Gobierno mexicano se comprometió ante la CIDH a buscar una solución amistosa al caso de Ricardo Ucán Seca, encarcelado tras un proceso que sus defensores consideran deficiente, al asegurar que careció de intérprete del idioma maya.
Por su parte, la CIDH escuchó una denuncia de organizaciones mexicanas según la cual los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, en el estado de Baja California, habrían participado "activamente en actos de tortura" de personas detenidas de forma preventiva bajo la figura del arraigo.
La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), así como familiares de víctimas arraigadas, pidieron a la CIDH que el relator para personas privadas de libertad visite el país.
Además, solicitaron que otorgue medidas de protección a los afectados ante las constantes amenazas que reciben.
Por último, en la única audiencia dedicada a Brasil en todo el periodo de sesiones, el CEJIL y otras organizaciones de derechos humanos denunciaron que en ese país persisten la esclavitud y las luchas para controlar la tierra, además de la violencia institucional en los centros penitenciarios.
