Más de medio centenar de organizaciones sociales se sumaron hoy a la demanda para que renuncie el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala, Erick Álvarez, señalado de desmanes y falta de ética y de transparencia en el Organismo Judicial.
La renuncia le fue planteada ayer por el magistrado César Barrientos, titular de la Cámara Penal de Guatemala, al propio Álvarez, por procedimientos irregulares en el Organismo Judicial y su falta de transparencia.
Según Barrientos, el presidente de la CSJ ha contratado personal sin consultar al resto de magistrados, mientras que la prensa ha desvelado otros desmanes, como un viaje a Brasil con una asistente personal que no estaba autorizada.
A la petición del magistrado Barrientos se sumaron hoy más de medio centenar de organizaciones sociales que incluyen al Movimiento pro Justicia (MPJ) de Guatemala.
Según la portavoz del MPJ, Carmen Aída Ibarra, las críticas que han salido a luz pública en contra de Álvarez "están creando un grave ambiente de crisis y conflicto en la cúpula del poder judicial que presagia escenarios sombríos de confrontación y riesgos para la administración de Justicia".
El MPJ, integrado por Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) y la Fundación Myrna Mack y Madres Angustiadas, expresaron su preocupación por los señalamientos en contra del presidente de la CSJ por considerar que "dañan la dignidad del cargo y disminuyen la confianza y la credibilidad en el Poder Judicial".
El movimiento advierte que la crítica hacia Álvarez ha creado un clima de inestabilidad en la Corte, con lo que se afecta la administración de justicia, que ya se encuentra bastante minada por la corrupción y la penetración del crimen organizado.
El MPJ demanda la renuncia del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto las acusaciones en su contra indican pérdida de reconocida honorabilidad, atributo indispensable para el cargo de magistrado y especialmente para ejercer la presidencia del Poder Judicial, dijo Ibarra.
Otras 50 organizaciones sociales, entre ellas la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, el Centro Internacional de Investigación de Derechos Humanos y sectores religiosos, también se unieron hoy a la demanda para que Álvarez renuncie.
En un pronunciamiento, el grupo advierte de que las actuaciones del magistrado debilitan al Organismo Judicial y al Estado de Derecho.
Las imputaciones que se hacen al magistrado "generan serias dudas sobre la independencia e imparcialidad del presidente de la Corte Suprema de Justicia", señalan.
Recuerdan que la falta de transparencia de Álvarez incidió en la elección del fiscal general de Guatemala, Conrado Reyes, quien fue destituido en junio pasado por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país, por presiones de la sociedad civil.
Reyes fue acusado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de tener vínculos con el crimen organizado y rechazó su elección para el cargo, en el que sólo duró pocos días.
Álvarez, en declaraciones a la prensa local, asegura que no renunciará y que entregará la presidencia de la Corte en octubre próximo.
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala, Ronaldo Robles, comentó hoy a periodistas que debe ser la CSJ la que debe resolver la situación creada por la petición de Barrientos y que el Ejecutivo no puede intervenir por la independencia de poderes que existe en el país.
