Las bandas narcotraficantes formadas por ex paramilitares tienen en jaque a las autoridades de Colombia, donde la ONU y una ONG especializada en el conflicto armado expresaron hoy su preocupación por la violencia de esos grupos, responsables de varias masacres y asesinatos.
El epicentro de esa violencia es el departamento de Córdoba (norte), cuna de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se desarmaron entre 2003 y 2006 en un proceso de paz con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
"La idea de que el paramilitarismo es 'cosa del pasado' (...) es ya insostenible", sostuvo en un comunicado la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Para Codhes, "es evidente que no todos los paramilitares se desmovilizaron, que no todos los que se desmovilizaron eran paramilitares, que muchos desmovilizados se rearmaron y que las estructuras de este régimen de terror y violencia jamás fueron desmanteladas".
Bandas como Los Paisas, Los Urabeños y Los Rastrojos, que tienen el "mismo apoyo, las mismas estructuras y fuentes de financiación" que las desaparecidas AUC, asesinaron el año pasado en Córdoba a unas 600 personas y a otras 45 en este año, según Codhes, aunque la Policía rebaja esa última cifra hasta la treintena.
"La violencia que estamos viendo tiene que ver con los grupos que surgieron después del proceso de desmovilización" de las AUC, que supuso el desarme de más de 31.000 hombres, denunció, por su parte, el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar.
Esos grupos, vinculados en su mayoría al narcotráfico, son responsables de "asesinatos selectivos" y de "explotación" de niños y mujeres, de acuerdo con la ONU, así como del reciente homicidio de dos jóvenes estudiantes, un caso que ha conmocionado al país.
Aunque en Córdoba se han producido varias masacres en los últimos tiempos, fue el asesinato de esos dos estudiantes de una reconocida universidad bogotana, que estaban de vacaciones en esa región, lo que hizo saltar las alarmas.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, condenó la semana pasada el "absurdo asesinato" de los dos jóvenes y ofreció una recompensa de 500 millones de pesos (casi 270.000 dólares) por la captura de sus responsables.
Las investigaciones apuntan a que el crimen fue cometido por hombres de la banda de Los Urabeños comandados por el cabecilla Roberto Vargas Gutiérrez, ex paramilitar conocido con el alias de "El Gavilán".
En opinión de Codhes, "es necesario ir más allá" de ese crimen para superar "una impunidad enquistada en un aparato de justicia sometido a la presión y el terror, (...) auspiciada por cierta aceptación de la violencia como forma de acción política y control social".
De esa impunidad habló hoy el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, quien pidió "cambios legislativos" para enfrentar a los criminales "que entran por una puerta a las cárceles y por otra salen".
Desde la desmovilización de las AUC han sido capturados en todo el país casi 8.000 miembros de "bandas criminales emergentes", como las denomina el Gobierno, según un informe presentado hoy por la Policía Nacional.
Sin embargo, la cifra de condenas es mucho menor. En Córdoba concretamente, en los últimos meses han sido capturados más de 5.600 delincuentes, de los cuales solo 180 fueron condenados, según explicó a Caracol Radio el comandante de la Policía regional, el coronel Héctor Enrique Páez.
Mientras, monseñor Julio César Vidal, obispo de Montería, la capital de Córdoba, abogó hoy en varias emisoras locales por "buscar otra alternativa a la respuesta militar" contra esas bandas.
Vidal, quien mantiene contactos con cabecillas de esas bandas a través de intermediarios, reveló que le han dado "muestras" de que realmente quieren un "acercamiento" con el Gobierno para "entregarse" y "parar esta guerra".
"No piden una mesa de diálogo, sino acercarse al Gobierno para entregar armas, rutas (del narcotráfico) y cultivos (ilícitos)", detalló el obispo.
En respuesta, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, indicó que el Gobierno "confrontará con toda decisión y determinación a esas organizaciones", a las que pidió un abandono "unilateral" de la violencia.
