El magistrado boliviano Fausto Lanchipa ejerce desde hoy la presidencia del Tribunal Constitucional de su país, que oficialmente comenzará a trabajar desde el próximo lunes después de permanecer nueve meses totalmente paralizada.
Lanchipa dijo hoy a los medios de La Paz que anoche juró su cargo en la ciudad sureña de Sucre, sede del Poder Judicial boliviano, con el respaldo unánime de sus otros cuatro colegas titulares.
Lanchipa y otros nueve miembros del Tribunal Constitucional, entre ellos cinco suplentes, fueron designados interinamente la semana pasada por medio de un decreto del presidente Evo Morales que obtuvo esa facultad de una ley aprobada en la Asamblea Legislativa, dominada por su partido.
El gobernante también designó entonces a cinco miembros de la Corte Suprema y a tres magistrados del Consejo de la Judicatura.
Todos ellos ejercerán sus cargos hasta fines de diciembre pues el día 5 de ese mes se celebrará una novedosa elección en las urnas para que los bolivianos designen a los nuevos magistrados que deben asumir funciones a partir del 1 de enero del 2011.
Lanchipa dijo al canal Unitel que la población debe esperar a conocer sus actos y los de sus colegas para juzgarlos, al rechazar las criticas en sentido de que sus nombramientos fueron hechos "a dedo" y de una forma presuntamente ilegítima por el presidente.
"Digo a la población que espere los resultados de nuestros actos. No podemos juzgar simplemente por su forro un libro o por su apariencia a una persona. Debemos siempre regirnos, para emitir un criterio, por los actos o el contenido de nuestros actos", dijo Lanchipa.
También anunció que el próximo lunes comenzarán a trabajar en las labores del Tribunal Constitucional que actualmente se encuentra sin el personal necesario, debido a que estuvo parado desde el pasado 29 de mayo de 2009.
Ese día dimitió la magistrada Silvia Salame, que era la última que ejercía en el anterior Tribunal Constitucional, cuyos miembros renunciaron sucesivamente debido denuncias y acusaciones que lanzó en su contra el Gobierno de Morales.
Las nuevas designaciones, según el Gobierno, tienen el objetivo de solucionar la crisis del Poder Judicial donde existen 5.640 demandas paralizadas en el Constitucional, otras cinco mil en la Suprema y mil procesos más en el Consejo de Judicatura.
