Las víctimas del denominado "octubre negro" en Bolivia y sus abogados acogieron hoy como una victoria el fallo del juez federal de Miami Adalberto Jordán, encargado del proceso abierto en Estados Unidos contra el ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
"Tras una larga batalla de dos años, esta resolución que viabiliza el proceso es para nosotros una victoria de la lucha contra la impunidad", afirmó hoy el abogado Rogelio Maita al recordar que las familias de las víctimas presentaron una demanda civil en la justicia estadounidense en septiembre de 2007.
El juez Adalberto Jordan falló recientemente que procedan tres de los siete casos contra Sánchez de Lozada y su entonces ministro de Defensa, Jose Carlos Sánchez Berzain, ambos residentes en EE.UU., por su presunta responsabilidad en las 60 muertes ocurrida en La Paz a finales de 2003 en una represión militar a protestas sociales.
Uno de los abogados de las víctimas en EE.UU., James Cavallaro, explicó hoy en La Paz que la Justicia Federal decidió "de forma contundente" que prosigan tres de las siete acusaciones que habían presentado y que a su juicio son las "más importantes": por crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales y homicidios.
"Es una victoria muy importante contra las víctimas y dentro de la justicia porque mantiene las puertas abiertas contra otras víctimas de violaciones de derechos humanos" en otros países, sentenció Cavallaro.
El abogado indicó que el proceso judicial entra ahora en una fase de "descubrimiento" por el que se podrán formular preguntas por escrito, solicitudes de documentos y toma de declaraciones, lo que podría retrasarlo incluso 20 meses hasta que se realice el juicio.
Por su parte, Sonia Espejo, viuda de un joven que falleció en el "octubre negro", dijo sentirse feliz con este fallo judicial que llega seis años después de la muerte de su marido y "con ganas de seguir adelante (porque) Gonzalo Sánchez de Lozada tiene que ser enjuiciado y estar tras las rejas".
"Porque somos pobres no puede ser que no haya justicia", afirmó otra de las viudas de los fallecidos, Juana Valencia, al asegurar que sus hijos "no pueden estudiar por culpa de Sánchez de Lozada que nos ha quitado a nuestros maridos".
Los demandantes alegan que en septiembre y octubre de 2003 Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín ordenaron a las fuerzas de seguridad bolivianas usar armas letales para disolver las manifestaciones populares contra el Gobierno.
Además de este proceso en Estados Unidos, se ha abierto otro juicio en Bolivia donde hasta el momento sólo han prestado declaración los siete ex funcionarios acusados por el caso que permanecen en el país, ya que otros 10 están en el exterior.
En este sentido, el abogado Rogelio Maita indicó que el juicio en Bolivia es la "vanguardia y lo que todos los bolivianos quieren": que Sánchez de Lozada responda en Bolivia por lo que hizo, mientras que el proceso de EE.UU. es la "retaguardia".
Sin embargo, lamentó que hayan pasado seis años desde los hechos y que el ex presidente siga en Estados Unidos, a su juicio, "protegido por las autoridades de Gobierno de ese país".
"Eso está convirtiendo nuestro frente de vanguardia prácticamente en nuestra retaguardia", concluyó.
