Los 20.000 latinoamericanos estafados por Allen Stanford, que perdieron más de 4.100 millones de dólares, acusan a la Comisión de Valores (SEC) de "negligencia grave" y exigieron al Gobierno de EE.UU. que les "restituya sus ahorros".
En una carta remitida a la presidenta de la SEC, Mary Shapiro, y hecha pública hoy, la Coalición de Víctimas de Stanford en América Latina (COVISAL) denuncia que "Allen Stanford y sus cómplices pudieron perpetrar impunemente un esquema Ponzi gracias a permisividad" de altos funcionarios de EE.UU.
La SEC desestimó cuatro alertas, denominadas "banderas rojas", detectadas por funcionarios del organismo federal de EE.UU. en 1997, 1998, 2002 y 2004, según la misiva firmada por Jaime Escalona, presidente de COVISAL.
Por ello, la asociación de damnificados latinoamericanos "exhorta al Gobierno de los Estados Unidos para que haga coincidir sus principios con acciones" y "restituya" los fondos de los ahorristas no estadounidenses.
Aunque el Stanford International Bank Limited estaba ubicado en la isla caribeña de Antigua, todas las operaciones se realizaban desde EE.UU. y a través de empleados estadounidenses.
"Los certificados de depósito (CDs) a nivel mundial nunca fueron depositados en Antigua. Estos fondos fueron enviados a bancos corresponsales en Canadá y en Inglaterra, y desde allí fueron transferidos a cuentas personales de Allen Stanford en EE.UU., Inglaterra y Suiza", indica COVISAL.
Por ello, exige la asociación espera "un trato igualitario" para las víctimas no estadounidenses.
Previamente, COVISAL había enviado en 2010 un escrito a 31 senadores y 56 representantes del Congreso de EE.UU. donde subrayó la complicidad del Gobierno estadounidense en el robo de fondos por "la inexplicable incompetencia de las agencias reguladoras y el silencio comprometedor del Departamento de Justicia de EE.UU.".
Stanford, de 60 años, fue acusado por la SEC de vender títulos a plazo fijo conocidos como certificados de depósito con unas tasas de interés "improbables y no justificadas" con los que defraudó más de 7.000 millones de dólares.
Diversos medios han informado hoy de que el abogado de Stanford, Stepehn Cochell, presentó el miércoles ante la Corte Federal de Houston una demanda contra agentes policiales y fiscales de la SEC por supuesta violación de sus "derechos constitucionales".
Stanford acusa a los abogados gubernamentales y los agentes federales de emplear métodos ilegales y utilizar parte del dinero del banquero para financiar la investigación en su contra.
El multimillonario tejano se encuentra en prisión desde junio del 2009 hasta que se produzca el juicio, programado en principio para el pasado mes de enero.
El juicio fue aplazado cuando el juez federal estimó que Stanford está "incapacitado mentalmente" de comparecer ante un tribunal, por una supuesta adicción a un medicamento, por lo que será transferido próximamente a una penitenciaría médica.
