El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional de Ecuador admitió a trámite una solicitud del grupo parlamentario oficialista para someter a juicio político al fiscal general del Estado, Washington Pesántez, acusado de "falta de probidad" en el ejercicio de sus funciones.
Un total de 33 asambleístas del grupo oficialista Alianza País (AP), con mayoría en el salón del pleno legislativo, solicitó la interpelación a Pesántez, pese a las críticas del mandatario del país y máximo líder del movimiento, Rafael Correa, que defiende al fiscal.
El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, también de AP, dijo que no se presentó ninguna objeción por parte de los miembros del Consejo de Administración, por lo que admitió a trámite el pedido de juicio político contra Pesántez.
Cordero explicó que el trámite en dicho Consejo se admite si la solicitud de interpelación cumple con los requisitos constitucionales, si se precisa la infracción cometida por el imputado y si el proceso cuenta con el respaldo de, al menos, 31 legisladores.
Agregó que, una vez admitida a trámite, la solicitud pasará a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que deberá ratificar el proceso en un plazo de cinco días, tras verificar que cumpla con las disposiciones constitucionales.
Una vez calificado el trámite en la Comisión de Fiscalización, se notificará al imputado, quien tendrá quince días para defenderse de las acusaciones de presunta "falta de probidad" en el ejercicio de sus funciones.
Los interpelantes consideran, además, que Pesántez supuestamente violó las normas legales y constitucionales en la selección de los funcionarios de la Fiscalía.
No obstante, el proceso político contra Pesántez se originó después de un escándalo que involucró a su esposa con la muerte de una joven colombiana, atropellada por un automóvil de la Fiscalía.
Tras el accidente, ocurrido el pasado 14 de enero en Quito, varios fiscales suscribieron un remitido de prensa en el que respaldaban a Pesántez y rechazaban las versiones de testigos que advertían la responsabilidad de su esposa en el accidente.
El órgano parlamentario sugirió entonces la dimisión de Pesántez y la destitución de otros agentes fiscales para evitar una "crisis en el sistema judicial".
Pesántez, por su parte, rechazó dimitir, defendió a su esposa y aceptó acudir a la interpelación de los asambleístas, algunos de los cuales denunciaron supuestas amenazas del fiscal.
