La Asamblea Nacional de Ecuador rechazó hoy una propuesta para archivar un controvertido proyecto de ley de comunicación, que según la oposición viola la libertad de expresión, mientras que el Gobierno mantiene que mejorará la calidad de la información.
El sector de la oposición que proponía archivar la propuesta logró 36 votos a favor de su moción, frente a 64 en contra, con 24 abstenciones, de los 125 legisladores de la Asamblea.
A continuación, el pleno aprobó, en cambio, una petición de que la propuesta sea votada artículo por artículo, con 63 votos a favor, 50 en contra y 11 abstenciones.
Ello alargará el proceso, dado que el proyecto cuenta con 127 artículos y 20 disposiciones transitorias.
Previamente, el legislador Mauro Andino, del movimiento oficialista Alianza País y presidente de la Comisión de la Comunicación, había informado de los cambios de última hora realizados al proyecto de ley tras recoger sugerencias de los asambleístas.
Andino resaltó que si se aprueba este proyecto de ley "será posible la democratización de la comunicación", porque se dará más espacio a los medios comunitarios y se dará voz a las personas más pobres, mientras que se limitará el uso de la comunicación por parte de los grandes monopolios y grupos de poder.
La intervención de Andino fue seguida por aplausos del oficialismo y gritos contrarios de la oposición, lo que obligó al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, de Alianza País, a pedir el orden.
Uno de los puntos problemáticos de la ley es la creación de un ente regulador que controle los contenidos discriminatorios, racistas, sexuales y violentos de los medios de comunicación.
El presidente del país, Rafael Correa, asegura que ese órgano es necesario para mejorar la calidad de la información y mantiene que el proyecto de ley es "clave" para acabar con "la prensa corrupta".
En cambio, el asambleísta del opositor movimiento de Concertación Nacional Democrática César Montúfar cree que es un proyecto de ley "antidemocrático", con el que se pretende entregar a Correa "el control de un Consejo de regulación para castigar a los medios de comunicación".
En los últimos días, Alianza País ha intentado convencer a legisladores de otras bancadas de apoyar la propuesta, ya que no cuenta con suficientes votos en solitario para aprobarla.
Ese grupo dispone de 49 escaños y usualmente los cuatro miembros del Partido Socialista votan con su bloque. Por ello, requiere otros 10 apoyos para llegar a los 63 necesarios para aprobar el proyecto.
La Constitución de Ecuador, aprobada en 2008, obligaba que en un año se aprobara una ley de comunicación, pero no hubo acuerdo en la Asamblea para ello.
Ante el punto muerto en la Legislatura, Correa decidió incluir esta cuestión en un referendo celebrado en mayo de 2011 y en el que los ecuatorianos dieron luz verde a la creación de este ente regulador.
Los legisladores "no pueden hacer tabla rasa, no pueden burlarse de dos expresiones claras populares en las urnas", dijo ayer Correa en una rueda de prensa.
Pero Montúfar piensa que si bien se tiene que hacer caso al mandato popular, no se puede aprobar "cualquier ley".
Otro de los puntos cuestionados del proyecto de ley es la redistribución del espacio radioeléctrico, pues los medios privados pasarán a tener el 33 % de las frecuencias, los públicos otros 33 % y los comunitarios un 34 %
El bando oficialista defiende que esta distribución es "más democrática", pero Montúfar cree que el 33 % destinado a los medios públicos servirá para dar voz a las posturas del Gobierno.
Además, el espacio de los medios comunitarios "va a ir a parar a organizaciones afines al Gobierno. No hay ningún tipo de democratización, sino que hay una concentración y un monopolio de los medios a manos del Gobierno".
En el caso de que se apruebe el proyecto de ley, este se enviará al Ejecutivo, que podrá aplicar el veto presidencial.
Si se desestima, se puede enviar a la Corte Constitucional, dado que la Asamblea no habrá respondido al mandato popular.
Ese tribunal dará a la Legislatura un plazo, normalmente de 90 días, para que apruebe el proyecto, o si no la propia Corte emitirá una ley transitoria hasta que haya una definitiva.
