Luego de que el pueblo eligiera a la arnulfista Mireya Moscoso como nueva presidenta de Panamá, el pasado 2 de mayo, el actual gobierno encabezado por el mandatario Ernesto Pérez Balladares se ha encargado de aprobar y sacar al tapete leyes y proyectos de leyes que según los entendidos perjudicarán la gobernabilidad de la futura administración.
El Organo del Estado más criticado en este momento por la mayoría de los nacionales es: la Asamblea Legislativa. Ya que se ha encargado de aprobar, gracias a la mayoría oficialista que tiene, los proyectos de ley que el Ejecutivo ha presentando.
De todos los proyectos, el más polémico ha sido el que creó la Sala Quinta de Instituciones de Garantías Constitucionales de la Corte Suprema, el que fue aprobado por 38 votos a favor y 29 en contra, el pasado 22 de julio.
Entendidos del Derecho como Humberto Ricord y César Quintero han señalado en diversas ocasiones que esta norma tiene como finalidad que Pérez Balladares siga teniendo poder luego de salir del Palacio de las Garzas y pueda manejar la Corte Suprema mediante todos los magistrados que nombrara en su periodo.
Varios gremios han rechazado la creación de la nueva Sala en la Corte Suprema, pero no fue hasta el pasado jueves que se vio una masa considerable de personas que marcharon en protesta del recién sancionado proyecto.
El dirigente del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Genaro López, dijo a este medio que todos los proyectos aprobados durante el periodo de transición no son más que el resultado de la prepotencia que le caracteriza.
El sindicalista manifestó que el actual gobierno nunca ha acatado la voluntad del pueblo panameño y sólo ha pensado en su beneficio personal.
HAY QUE PROTESTAR
Este proyecto fue sancionado por el presidente Ernesto Pérez Balladares al día siguiente de haber sido aprobado en tercer debate. Las personas designadas para ocupar los cargos de magistrados, con el sueldo de B/.10 mil al mes, son: el viceministro de la Presidencia. Oscar Ceville; la directora del Registro Público, Mariblanca Staff y la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Elitza Cedeño, quienes fueron ratificados este viernes por el pleno legislativo, con 38 votos a favor y 11 en contra.
Pero a pesar de ya ser ley de la República, y de haberse ratificado los magistrados principales y suplentes, la creación de la Sala Quinta sigue originando protestas y voces en contra.
Sobre este tema la dirigente de los educadores, Enelda Rosales señaló que los panameños deben armarse de valor y protestar para que la misma sea derogada.
La educadora, mostró su preocupación porque en un mes el presidente Pérez Balladares puede hacer muchas cosas más.
Indicó que la Sala Quinta no beneficia a los panameños porque el sistema anacrónico seguirá. Lo que queremos es que los detenidos no salgan peor de lo que entraron a la cárcel. ¿En qué resuelve los problemas del país el que tres magistrados le quiten B/.30 mil mensuales al Estado?, preguntó.
Rosales pidió a los legisladores que "se vistan de seres humanos y no permitan que los manejen más", y sobre todo que recuerden que fueron elegidos para presentar y aprobar leyes en beneficio de las mayorías. Agregó que es lamentable que el actual gobierno se desenmascare en una forma tan cruel y actúe en contra del pueblo.
Por otra parte, la también dirigente sindical, Julia Suira, expresó que el actual gobernante no debió llamar a sesiones extraordinarias para discutir leyes problemáticas y menos "a tambor batiente".
Indico que al presidente no le ha importado que el pueblo esté en contra de los proyectos que han presentando como el de la Sala Quinta . "Realmente hay mucho descontento", añadió.
Suira manifestó que no pueden decir que la Sala Quinta es necesaria porque no resolverá el gran problema que es la mora judicial. ¿Será que Pérez Balladares tiene temor de algo cuando salga de la Presidencia?, interrogó. Pareciera que el apuro es que "necesita amistades en el poder", expresó.
Muchas denuncias han salido a relucir luego de la aceptación por parte de la mayoría legislativa y la más grave es que los parlamentarios que apoyaron la Sala Quinta recibieron dinero "por debajo de la mesa".
La misma presidenta electa, Mireya Moscoso dijo que la Asamblea Legislativa fue "manipulada, como en los tiempos de la dictadura", ya que muchos legisladores "se vendieron vulgarmente" para aprobar el proyecto de ley que creó la Sala Quinta.
La líder arnulfista señaló que cuando se rectificaran los tres magistrados nombrados por Pérez Balladares, se interpondría un recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto.
Otra de las reacciones originadas por recién ley fue la solicitud hecha por el gobernante de turno, quien le pidió a los miembros de Solidaridad y Liberal Nacional que renunciaran a sus cargos en el gobierno, luego que estos partidos dieran orden a sus legisladores que rechazaran el proyecto de la Sala Quinta.
La petición se veía venir, y como antecedente podemos mencionar que a mediado de mes, Pérez Balladares tildó de cínicos y desleales a los integrantes de Solidaridad por no apoyar el proyecto que, como él reconociera posteriormente, se había convertido en un "reto político". Así es, durante la sanción de la ley presidente dijo sentirse satisfecho de haber logrado la aprobación de esta norma y poder derrotar a sus adversarios en este reto político.
Pero no faltó quien se defendiera por haberle dado su apoyo a la ya famosa Sala Quinta, la legisladora Aideé Milanés de Lay, dijo que si como se afirma que ella traicionó a su partido (Solidaridad), al apoyar el proyecto de ley, también podría interpretarse que Solidaridad traicionó a la alianza Nueva Nación y al gobierno de Pérez Balladares al oponerse a la Sala Quinta.
Y sobre las declaraciones de la presidenta electa manifestó que "cada ladrón juzga por su condición". Agregó la legisladora darienita que Mireya Moscoso debe prepararse cuando la acusen de comprar votos en la Asamblea para que le aprueben sus proyectos,ya que ella no cuenta con mayoría en el hemiciclo legislativo.
EL FAMOSO FONDO FIDUCIARIO
Calculado casi en B/.1,400 millones se ha convertido en otra manzana de la discordia.
Mientras el mandatario Ernesto Pérez Balladares asegura que sólo los intereses deben tocarse para hacer obras sociales, la presidenta electa, Mireya Moscoso afirma que ella utilizará la mayoría de este dinero para darle de comer a los que tienen hambre y techo a los que no tienen donde vivir.
Al preguntarle a la educadora Enelda Rosales manifestó que estos dineros son del pueblo y deben usarse para mejorar la economía de los más pobres. De nada vale tener esa plata en el banco si los panameños no tienen trabajo y se mueren de hambre.
En tanto, Julia Suira expresó que el Fondo Fiduciario es del pueblo, por lo que Pérez Balladares debió consultar qué deseábamos hacer con ese dinero. Ahora es que sabemos que está en diferentes bancos ganando interesés, porque antes no se hablaba mucho de ese tema.
Aseguró que de aprobarse el anteproyecto que busca que Moscoso no use los fondos en obras sociales se le hará daño a los panameños que necesitan resolver muchos problemas, y no a la presidenta porque ella tiene su propio dinero.
REFORMAS
Otra proyecto de ley que causó muchas reacciones en contra fue el que modifica el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. El mismo permite que el presidente saliente no esté en la toma de posesión del entrante, parte que fue redactada por el presidente de la Asamblea, Gerardo González. El hecho pareciera ser que el mandatario actual no desea encontrarse el 1 de septiembre en el mismo lugar que esté la señora Moscoso.
Este proyecto, dijo Enelda Rosales, es vergonzoso, ya que también permite que con un quórum de 17 legisladores se inicie el debate de los proyectos en la Asamblea.
Expresó que lo que se debió haber hecho fue aprobar una ley que obliga a los parlamentarios a cumplir con su trabajo y a asistir a las sesiones.
Recordó que fue Pérez Balladares, uno de los funcionarios que dijo que el maestro que no trabaja no cobraba, entonces por justicia debía aplicar la misma medida a los legisladores. La educadora dijo también que la Asamblea se convierte en juez y parte al designarse su propio presupuesto, hecho que permite esta ley que ya fue sancionada por el presidente Pérez Balladares, el pasado viernes.
El mandatario señaló en el acto que esta ley la No. 35 del 30 de julio de 1999, "se alza como una muralla infranqueable contra aquellas mentalidades políticamente afiebradas que no pueden resistir" una Asamblea democrática.
Otro proyecto aprobado fue el que regula los servicios públicos de radio y televisión, que prohíbe a los concesionarios de radio y televisión controlar en forma dircta o indirecta un periódico de circulación diaria, si la estación cubre el 50% del área geográfica donde se distribuye el medio impreso o viceversa.
Y como si fuera poco a los medios de comunicación se le da otro revés al no eliminar la Ley 11, conocida mejor como la "ley Mordaza".
Ayer fueron los trabajadores, los educadores ahora los periodositas y estan cerrando todas las puertas, manifestó sobre este tema, Enelda Rosales.
Dijo que en este país no se va a poder hablar y mucho menos criticar y enfatizó que el mejor periodismo solo se puede lograr sin mordazas.
Todo indica que los periodistas serán apoyados por agrupaciones de trabajadores de la construcción, educadores y estudiantes, con el fin de que no sea aprobada el proyecto de ley que "dice" derogar la Ley No.11.
Sobre el tema, el sindicalista Genaro López, indicó que este no será aprobado como lo fue el de la Sala Quinta, porque el pueblo no está dispuesto a que se sigan haciendo más leyes contra los derechos de los panameños.
Continuando con los proyectos polémicos debemos mencionar el cual transfiere la administración, operación y explotación de los servicios relacionados con el aseo urbano, domiciliario y de disposición final de residuos sólidos, prestados por la Dirección Metropolitana de Aseo (DIMA), a los municipios de Panamá, San Miguelito y Colón.
El mismo fue cambiado para último punto en la lista de proyectos que discute el pleno de la Asamblea Legislativa.
Los empleados de la DIMA dieron a conocer su repudio a la municipalización de esa entidad y se hicieron sentir cuando en días pasados bloquearon las entradas del hemiciclo legislativo con camiones recolectores de basura.
Cabe señalar, que los trabajadores de la Dirección Metropolitana de Aseo piden un aumento de sueldo y el pago de una indemnización de dos meses de salario por cada año laborado en la institución.
Como podemos observar este último periodo legislativo de la administración de Pérez Balladares ha sido y es muy controversial y aún se esperan varias "embestidas" más.
