Los magistrados liberales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua propusieron hoy a sus colegas sandinistas un diálogo político entre los poderes del Estado, con la mediación de la Conferencia Episcopal, para resolver la crisis institucional que afronta este país.
La propuesta, presentada por el ex presidente de la CSJ, el liberal Manuel Martínez, sugiere un diálogo entre los cuatro poderes del Estado para nombrar a 25 funcionarios públicos, incluido cuatro magistrados judiciales, con mandato vencido, y así poner fin a la crisis institucional.
Los liberales propusieron como mediador y "testigo calificado" de ese diálogo al arzobispo de Managua y también presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, que aún no se ha pronunciado.
Según la propuesta de los liberales, en el diálogo participarían el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, un diputado de cada uno de los grupos parlamentarios y cuatro magistrados judiciales, dos por el sandinismo y dos por los liberales.
La presidenta temporal de la Corte Suprema, la magistrada sandinista Alba Luz Ramos, que asumió el cargo hace dos semanas tras el vencimiento del mandato de la dirección del órgano, dijo a periodistas que analizarán esa propuesta, aunque lamentó que se trate de involucrar a otros poderes del Estado para solucionar la crisis en el máximo órgano de justicia.
La Corte Suprema no ha podido en dos semanas celebrar una sesión plenaria (Corte Plena) para organizar ese poder del Estado, por ausencia de sus colegas liberales.
Las salas Constitucional, Civil, Penal o de lo Contencioso Administrativo, y los órganos de dirección de la Corte Suprema están administrativamente paralizados desde hace más de dos semanas, debido al vencimiento del periodo anual para el que fueron nombrados todos los magistrados que los encabezan.
La renovación de esas instancias se debe dar en una Corte Plena, que los liberales bloquean para no legitimar un decreto de Ortega que prorrogó el mandato de 25 funcionarios públicos, entre ellos a los magistrados sandinistas Rafael Solis y Armengol Cuadra.
Solis y Cuadra, que el pasado 11 de abril cumplieron su periodo constitucional de cinco años, se niegan a abandonar el cargo amparados en esa disposición.
Ortega decidió en enero ratificar y prorrogar en sus cargos a tres magistrados de la Corte Suprema y funcionarios de otras instituciones y poderes del Estado, cuyo mandato finalizó este año facultad que, según la oposición, corresponde al Parlamento.
El mandatario aprobó el decreto ante la decisión de la oposición de congelar la ratificación y renovación en el Congreso a autoridades que concluían su mandato, en medio de una crisis generada tras la decisión de la Sala Constitucional de anular el artículo que impide la reelección presidencial, lo que favorecería a Ortega.
La Corte está integrada por 16 magistrados: ocho sandinistas y ocho liberales, aunque estos últimos sólo cuentan con seis por la muerte de uno de sus jueces en mayo de 2009, Guillermo Selva, que tampoco ha sido reemplazado y porque Damisis Sirias no se amparó en el decreto de Ortega.
