El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el opositor Luis Núñez, inició hoy una huelga de hambre para pedir el fin de lo que considera una "persecución" política en Bolivia emprendida por el Gobierno de Evo Morales.
Núñez dijo a Efe desde Santa Cruz (este) que inició la medida de protesta en solitario para buscar que las instituciones cruceñas y nacionales reaccionen en defensa "de la libertad y la democracia en Bolivia".
"Quiero hacer conocer lo que vive Bolivia con un gobierno centralista, totalitario, comunista, hegemónico que absorbe todos los poderes, que no respeta a la Justicia y atenta contra los derechos humanos", manifestó el dirigente regional.
El Comité Cívico agrupa a diversas instituciones cruceñas y en su momento lideró fuertes movilizaciones contra el Gobierno.
Núñez dijo que no ha convocado a nadie más para que le secunden en la medida de presión, pero también se mostró confiado en que en los próximos días se sumen algunas personas a la huelga de hambre.
"Vamos a pelear por la libertad, el estado de derecho y mucha democracia y el respeto a los pueblos si nos oponemos a quienes están gobernando para un lado del país", apuntó el dirigente.
El Gobierno y un fiscal de La Paz han acusado a líderes cruceños vinculados al Comité Cívico de haber financiado a una banda terrorista abatida en abril de 2009 y que buscaba la separación de Santa Cruz, lo cual hoy volvió a negar Núñez.
De hecho, el antecesor de Núñez, el empresario Branko Marinkovic, abandonó Bolivia cuando comenzó la investigación por parte de la Fiscalía sobre esa presunta relación con la banda terrorista.
También dejó el país el empresario cruceño Guido Nayar, quien era el vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz y lo hizo también en medio de denuncias sobre su presunta vinculación con el citado grupo armado.
Desde el 2006, según la prensa local, un centenar de opositores que enfrentan diversos procesos judiciales, promovidos en su mayoría por el oficialismo, han abandonado el país con el argumento de que no tendrán un juicio justo en Bolivia.
En cambio, el Gobierno de Morales ha asegurado que muchos de los que se han ido del país lo han hecho para evitar rendir cuentas sobre presuntos actos de corrupción en la administración estatal o responder por sus responsabilidades en diferentes juicios.
