El presidente de la región peruana de Apurímac, David Salazar, que ayer fue "destituido" en una asamblea popular por manifestantes, aceptó hoy convocar al Consejo local para revisar el presupuesto de 2010, cuestión que generó un paro que ya completa ocho días en esa zona andina.
Salazar dijo a la agencia estatal Andina que la sesión del Consejo regional se realizará mañana en el distrito de Curahuasi para encontrar una solución a las críticas de organizaciones sociales de esa región, que se oponen a que el 70 por ciento del presupuesto esté destinado a una sola provincia, Andahuaylas.
El funcionario es originario de dicha provincia.
La región vive por octavo día un paro que se ha concentrado en Abancay, capital regional, que amaneció sin ningún tipo de actividad comercial y con piquetes que bloquean los accesos a las carreteras que comunican con las vecinas Arequipa y Cusco, de acuerdo a reportes de radios y televisoras de esa zona citadas por canal N.
Las pérdidas económicas que ha dejado la larga protesta en Abancay ascienden a unos siete millones de soles (2,5 millones de dólares), dijo Salazar.
Un conjunto de organizaciones civiles de Abancay convocó hace ocho días a un paro indefinido, que se ha extendido a otras cuatro provincias, para protestar contra Salazar.
De acuerdo a las denuncias de los manifestantes, recogidas por la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), unos 54 millones de soles (19 millones de dólares) serán utilizados para la construcción en 2010 de un hospital en Andahuaylas, en un año en que se renovarán a las autoridades regionales.
En vista a que la autoridad de Apurímac se negaba a dialogar con las organizaciones civiles convocantes a la protesta, los manifestantes procedieron anoche a "destituir" a Salazar en una asamblea pública y nombraron en su lugar al vicepresidente regional, Willer Taipe.
Sin embargo, esa medida respondió más a presiones políticas que a un procedimiento legal de vacancia, tal como reconoció Taipe, y, por lo tanto, no tiene validez legal efectiva.
Taipe declaró a CNR que su nombramiento "no es una salida legal, sino política; (porque) lo que se busca es aminorar los problemas".
A su vez, Salazar dijo a Andina que "la población ha sido utilizada" para protestar y denunció un interés político en la designación irregular de Taipe, pues no se cumplieron los requisitos legales para la vacancia.
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, declaró hoy a la prensa que el Gobierno central no puede intervenir en las asignaciones de presupuesto realizadas por los gobiernos regionales, al descartar la posibilidad de una intermediación en la protesta.
