Un fiscal colombiano de derechos humanos llamó a juicio a 15 implicados en un caso de desplazamiento forzado y usurpación de tierras de comunidades negras para establecer cultivos de palmas de aceite y hatos de ganadería extensiva, informaron hoy fuentes judiciales en Bogotá.
Los 15 fueron alcanzados con una "resolución de acusación" proferida por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, lo que significa que deberán comparecer en juicio.
La Fiscalía General recordó en un comunicado que los hechos se remontan a 1997, con el ingreso de paramilitares en territorios de propiedad colectiva de afrodescendientes en las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí, Truandó, Jiguamiandó y Curvaradó, en el Chocó, departamento de la frontera noroeste con Panamá.
Los ocupantes hacían parte del desaparecido Bloque "Élmer Cárdenas" (BEC) de la disuelta organización ultraderechista Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y con crímenes y amenazas desataron desplazamientos masivos.
Tres años más tarde, en 2000, en las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó se establecieron plantaciones de palmas de aceite y ganaderías que ocuparon, en conjunto, 7.500 hectáreas.
Asimismo, otras 1.000 hectáreas fueron tomadas por "beneficiarios de paramilitares", según denuncias de los desarraigados, que hace poco más de un año obtuvieron, mediante un recurso de amparo, el reconocimiento de sus derechos, al menos en el papel, con la orden de desalojo de los ocupantes de los predios.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Superior del Chocó y tuvo alcance sobre 42 "ocupantes de mala fe" de los territorios: nueve empresas palmicultoras, dos ganaderas y dos comercializadoras, así como 29 personas naturales.
Los entonces representantes de algunas de esas firmas, como Urapalma y Palmas de Curvaradó, están entre los llamados a juicio por el fiscal que sigue el caso de desplazamiento y usurpación.
Entre los acusados están Gabriel Jaime Sierra, gerente y representante legal de Palmas de Curvaradó, y Javier Daza Pretelt, de Urapalma.
Los dos serán enjuiciados junto a otros nueve implicados como "presuntos coautores materiales de los delitos de desplazamiento forzado en concurso con invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado", precisó la Fiscalía.
Otros tres irán a juicio como "presuntos coautores materiales del delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica", agregó la misma fuente, y señaló que un procesado más fue acusado como "posible coautor material de los delitos de desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica".
Un consejo comunitario representa a los antiguos vecinos de Curvaradó y Jiguamiandó, algunos de cuyos líderes han denunciado que el caso de su desplazamiento y despojo de tierras deja también más de 150 muertos o desaparecidos.
