La aplicación de aumentos salariales que en algunos casos llegan a ser de hasta el 68% a 46 magistrados y funcionarios de la alta gerencia del Poder Judicial ha desatado críticas y rechazo en Costa Rica.
La Asociación Costarricense de la Judicatura anunció hoy que agotará todas las vías para revocar esa decisión, que también generó molestia en el Congreso, donde los diputados manifestaron su total desacuerdo al considerar que ese aumento es "desproporcionado".
En declaraciones a la Radio Monumental, José Merino del Río, diputado del izquierdista Frente Amplio, calificó hoy el aumento de "inmoral" y anunció que pedirá una revisión del presupuesto del Poder Judicial para este año.
Maureen Ballestero, del oficialista Liberación Nacional, y Francisco Molina, del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), criticaron que el Poder Judicial pueda decidir por su cuenta el monto de sus ajustes salariales.
Los legisladores indicaron que la puerta para cambiar la ley que permite estas situaciones está abierta y que será un tema de discusión en los próximos días en el Congreso.
Mientras que para el primer semestre de este año la mayoría de los empleados públicos recibirá un aumento salarial menor al 10%, desde diciembre las más altas autoridades del Poder Judicial gozan de un incremento que representará un desembolso de más de 757.000 dólares anuales para el Estado.
