Los campesinos que erradican a mano cocales se han constituido en las principales víctimas civiles de las minas antipersonal en Colombia, con el 47 por ciento del total de muertos y heridos por estos artefactos en los primeros diez meses de 2010, denunciaron hoy en Bogotá fuentes no gubernamentales.
El porcentaje supera en 17 puntos al 30 por ciento que este colectivo representó en todo 2009, cuando estos trabajadores sumaron casi el tercio de las bajas civiles mayores de edad, según los registros oficiales de accidentes con estas armas no convencionales.
De enero a octubre de este año las minas han dejado en Colombia 358 víctimas, entre muertos y heridos, frente a 674 en 2009 y 777 en 2008.
La Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) advirtió de que los accidentes con minas causaron la muerte de 52 campesinos anticocales en 2009, y en los primeros diez meses de 2010 se pasó a 82 víctimas fatales.
"Nuestra mayor preocupación este año es el incremento de víctimas civiles que son erradicadores de cultivos ilícitos", dijo a Efe el coordinador nacional de la CCCM, Álvaro Jiménez, para quien "ese es un problema central que el país tiene que resolver".
Las personas que destruyen cocales a mano son civiles que conforman los llamados Grupos Móviles de Erradicación (GME) y realizan esta tarea bajo contrato con una dependencia gubernamental, con seguridad o protección a cargo de las fuerzas de seguridad.
Estos contratistas "son víctimas de distintos tipos de explosivos: artefactos explosivos improvisados, minas o cargas explosivas que se colocan en los caminos de los campamentos donde ellos están para ir a los campos de coca, o minas que son plantadas debajo de las plantaciones de coca", explicó Jiménez.
En general, los artefactos son sembrados por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para evitar la erradicación de las siembras ilegales.
Colombia, dijo luego, "no puede seguir enviando campesinos pobres a zonas que evidentemente están minadas, porque eso es violatorio de la Convención de Ottawa y de los acuerdos internacionales".
El coordinador de la CCCM consideró que esta actividad deben hacerla las Fuerzas Armadas, cuyos miembros están capacitados para actuar en territorios que implican riesgos y cuentan con los medios técnicos para ello.
Además del peligro, añadió Jiménez, la atención médica, las condiciones de seguridad y la asistencia posterior para estas víctimas civiles de accidentes con minas "son absolutamente violatorias de los convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo por parte del Estado colombiano".
Junto con la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas (ICBL) y la Coalición contra las Bombas en Racimo (CMC), la CCCM presentó hoy en Bogotá el apartado sobre Colombia del llamado "Monitor de minas terrestres y municiones en racimo".
El informe documenta el problema de estos artefactos en 2009 y ofrece datos preliminares sobre 2010.
Según estas organizaciones, Colombia es el segundo país con más víctimas por minas antipersonal en el mundo, con 674 en 2009, después de Afganistán, con 855.
Luego están Pakistán, con 421 víctimas, y Myanmar, con 262.
El 34 por ciento de las víctimas del año pasado fueron civiles, mientras que, de todo el total, 117 fueron casos de muerte y 557 de heridas.
