La persistencia en numerosos países europeos de controles policiales basados en rasgos raciales o étnicos fueron hoy tema de debate en un acto celebrado en el Open Society Institute, fundado por el financiero George Soros y en el que se abordó también el caso de la española Rosalind Williams.
Esta mujer de raza negra, que adquirió la nacionalidad española en 1968, fue sometida a un control policial en la ciudad española de Valladolid (noroeste) en 1992 considerado ilegal por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que determinó que debía recibir una disculpa pública del Gobierno español.
"Creo que es esencial", señaló Williams en relación a esa disculpa pública durante una entrevista con Efe, en la que reconoció que eso no ha ocurrido aún aunque algunos ministros sí lo han hecho en privado en nombre del Gobierno.
Williams, quien llegó a España desde Estados Unidos como estudiante en la década de los 60, participó en el debate que preparó el Open Society Justice Iniative, uno de los programas que promueve este instituto neoyorquino y que junto a Women's Link Worldwide y SOS Racismo, de España, defendieron su demanda ante el comité de ONU en Ginebra.
El 6 de diciembre de 1992, Rosalind fue sometida a un control policial en la estación ferroviaria de Valladolid y cuando inquirió al agente por qué le pedía identificarse y no a otras personas que estaban en el mismo lugar, le explicó que tenía órdenes de hacerlo con personas de su aspecto, "porque muchas de ellas son inmigrantes ilegales".
Después de plantear sin éxito una demanda ante diversas instancias administrativas y judiciales, el Tribunal Constitucional español rechazó en 2001 su apelación ante lo que, cinco años después y con el respaldo de algunas entidades que luchan contra el racismo, planteó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
En julio de 2009, ese comité determinó que Williams fue escogida en aquel control "sólo por sus características raciales y ese fue el factor decisivo para sospechar una conducta ilegal" e instó al Gobierno español a ofrecerle una disculpa pública y a modificar la legislación para evitar sucesos similares.
Williams reconoce que España "ha cambiado" respecto de aquellos años y tras el dictamen sobre su caso ahora sí ha percibido interés a nivel gubernamental por abordar este problema, aunque también constata en la actualidad que "existen aún más controles de perfil racial o étnico".
La experiencia de esta española y el panorama que presentan otros países europeos fueron abordados también esta noche por Rachel Neild, asesora en asuntos para la igualdad y la reforma policial en Open Society Justice Initiative.
Neild explicó a Efe que la situación en España no es diferente a la de otros países europeos que han estudiado y en los que han detectado también el uso desproporcionado de perfiles étnicos en controles de identidad policiales.
"Hicimos un estudio en París y se ve claramente, en Hungría también tenemos datos cuantitativos", explicó la experta, al tiempo que agregó que además se detecta un aumento del trato discriminatorio con base en rasgos religiosos en el contexto de la lucha antiterrorista.
Neild consideró que ese tipo de tácticas "no sirven" a la hora de detectar a un terrorista, pero que contribuyen "a calmar al público mayoritario", aunque tiene un efecto "muy nocivo" en las relaciones con las comunidades afectadas.
"En Francia, también en estos días, en materia de control de inmigración, están en una situación muy parecida a España, donde están ordenando a la Policía objetivos numéricos sobre el número de deportaciones, lo que resulta en una situación bastante conflictiva con las comunidades inmigrantes", señaló.
