Los demandantes en un caso de contaminación ambiental contra la empresa petrolera Chevron han presentado al tribunal un nuevo cálculo de posibles daños que los estima en hasta 113.000 millones de dólares, según informaron hoy.
La cifra es mucho mayor que los 27.300 millones de dólares calculados por Richard Cabrera, un experto designado por el tribunal de Lago Agrio, donde se dirime el caso.
En cambio, James Craig, portavoz de Chevron, rechazó el documento de los demandantes y señaló que su nuevo cálculo "está en la misma medida que la magnitud de su fraude".
La compañía presentó el jueves al tribunal el testimonio de sus propios expertos, que, según ella, demuestra que "no existe ninguna evidencia que fundamente el juicio" en su contra.
La firma entregó sentencias recientes de jueces en Estados Unidos que, afirma, dejan claro que el juicio en Ecuador "está empañado por el fraude y por la mala conducta" de los abogados de los demandantes.
En el litigio, que dura ya más de 15 años, residentes de la Amazonía ecuatoriana asistidos por abogados estadounidenses y ecuatorianos demandan una indemnización multimillonaria por supuestos daños medioambientales causados entre 1964 y 1990 por Texaco, que fue posteriormente adquirida por Chevron.
En su último cálculo, estiman por ejemplo que 10.000 ecuatorianos probablemente sufrirán un riesgo "significativo" de morir de cáncer hasta el año 2080 debido a la contaminación, incluso si Chevron limpia el entorno en la próxima década.
El costo por esas muertes sería de casi 70.000 millones de dólares, según su informe. También estiman en 1.400 millones el costo de los servicios de salud que deberán proporcionarse a las personas afectadas y en 1.800 millones el costo de la limpieza del suelo.
Además, piden reparaciones entre unos 4.600 millones de dólares y 37.900 millones por "enriquecimiento ilícito", por haber usado métodos inferiores de explotación de petróleo, que agravaron la contaminación, a su juicio.
El estudio fue realizado por el consultor medioambiental Douglas Allen, el médico Carlos Picone, el economista Jonathan Shefftz y el ingeniero ambiental Robert Scardina, entre otros, según los demandantes.
