Los diputados de Bolivia aprobaron hoy la Ley General de Aduanas para combatir el contrabando en el país, una norma que han rechazado de plano las asociaciones de comerciantes por considerarla muy dura, pero que apoyan los empresarios.
La Cámara Baja dio luz verde a la nueva normativa que, entre sus nuevas disposiciones, prevé la incautación de los bienes de las personas que se dedican al contrabando y endurece las penas de cárcel hasta los 10 años, informó el Congreso en un boletín.
"Es una norma importante que nos permite luchar de verdad contra el contrabando. Una vez que se promulgue podemos hablar de una lucha real y efectiva en contra del contrabando", dijo el presidente de la Comisión de Planificación del órgano, el diputado Marcelo Elio.
La norma, que ahora debe pasar al Senado, ha provocado una ola de protestas de comerciantes, que tuvo un punto álgido el miércoles cuando cientos de personas trataron de cercar el Palacio de Gobierno en La Paz.
El suceso terminó cuando la Policía dispersó con gases lacrimógenos a los comerciantes, que dicen que la nueva ley "atenta" contra sus intereses y "matará en vida" al sector.
Por su parte, los empresarios privados de Bolivia mostraron su satisfacción por la aprobación de la ley, algo que siempre habían pedido a los distintos gobiernos del país.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, dijo a Efe que la patronal está "plenamente de acuerdo con lo que se ha acordado en la Asamblea, en un tema crucial para la empresa formal del país".
El ministro de Economía, Luis Alberto Arce, reiteró hoy que la nueva ley no afectará a los comerciantes cuyas actividades sean legales sino a los "magnates del contrabando".
El Gobierno también ha defendido la norma con el argumento de que frenará el contrabando porque se castigará con la misma dureza como si fuera el narcotráfico.
