Los empresarios de Nicaragua rechazaron hoy un decreto del presidente Daniel Ortega que ratifica y prorroga en el cargo a funcionarios del Estado cuyo mandato expira este año, hasta que el Parlamento nombre a sus sucesores.
"Rechazamos que el Poder Ejecutivo, a través de un decreto ejecutivo, se atribuya funciones que la Constitución Política atribuye exclusivamente a la Asamblea Nacional", señaló hoy el Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (COSEP) en un comunicado.
El Cosep, que aglutina a 17 cámaras, organizaciones y gremios del país, sostuvo que esas funciones "no pueden por ningún poder ni funcionarios ser usurpadas, convirtiéndose dicho actuar en un atropello a la propia Constitución y al Estado de Derecho".
Ortega argumentó que emitió el decreto para evitar "un vacío de poder" en el Estado nicaragüense, ya que este año vence el período de cinco años de diez magistrados del Poder Electoral, cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, cinco fiscalizadores de cuentas y otros importantes cargos.
Estos cargos deben ser escogidos en el Parlamento del país por mayoría calificada, que no reúne ni el oficialismo ni la oposición.
La cúpula empresarial instó a que los nombramientos de estos funcionarios, cuyo mandato finaliza este año, sean "realizados en la forma, plazos y procedimientos que establece la Carta Magna".
La oposición ha anunciado que presentará ante el Parlamento, en fecha no precisada, una iniciativa de ley para derogar el decreto emitido por Ortega, que ha sido rechazado y condenado por organismos sociales y la Iglesia.
