Uno de los mayores logros y de las más grandes responsabilidades que tienen los individuos es obtener una casa propia. Al inicio la gran mayoría siente temor de hacerle frente a una compromiso de tal envergadura, sin embargo, tarde o temprano debe tomarse la decisión y caminar hacia delante.
Actualmente, uno de los temas de más trascendencia debido a su carácter social es la prórroga de la Ley de Intereses Preferenciales, mediante la cual los compradores de viviendas de nivel bajo y medio son beneficiados con un subsidio a la tasa de interés de los préstamos hipotecarios.
La Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), entre las razones que ha dado a conocer para pedir la prórroga de la Ley No.3 de 20 de mayo de 1985 están: que es producto de una amplia consulta entre el sector privado y público, coadyuva en la solución del déficit habitacional, mitiga el problema del desempleo y sus beneficios alcanzan a múltiples sectores comerciales conexos a la construcción, y por lo tanto de la economía nacional.
Y es que la Ley permite que los prestamos hipotecarios para viviendas puedan recibir tasas de interés de hasta 5.50% en casas con precios menores o iguales a B/.25 mil; tasas hasta 7.50% en residencias que cuestan B/.25mil a B/.40 mil y una tasa hasta de 8.50% para las viviendas con precios entre B/.40 mil a B/.62 mil 500.
Para entender mejor el daño que se haría si los intereses preferenciales dejaran de existir la CAPAC dio como ejemplo lo siguiente: Una familia que desee comprar una casa de B/.15 mil con el 90% de financiamiento, a 25 años requerirá un ingreso de B/.360.44 para pagar una letra mensual de B/.82.90 si se aplica la Ley de Intereses Preferenciales. Mientras que si no existiese la misma necesitaría B/.554.19 de ingreso familiar y pagaría mensualmente B/.127.46. Lo que equivale a un sueldo mínimo cuando la diferencia es de B/.193.75
El citado ejemplo es una clara evidencia de que los panameños de clase media baja y media perderían toda posibilidad de aspirar a una casa propia, y por lo tanto de mejorar su calidad de vida.
Cabe señalar, que los proyectos de viviendas que lideraron el sector de la construcción en los cinco primeros años de la década del 90 fueron aquellos hasta B/.25 mil. Según las estadísticas de la Cámara representaron el 61% de las viviendas edificadas.
Respecto, a los préstamos hipotecarios dados por la banca panameña tenemos que en 1997 se dieron 5,154 por un monto de B/.140 millones 496 mil 531 y el año pasado la cantidad aumentó a 7,279 préstamos por un total de B/.189 millones 866 mil 722.
ACOBIR NO DIO SU BRAZO A TORCER
La Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR) en todo momento mientras se discutía si se prorrogaba o no la Ley de Intereses Preferenciales y se mantenía el tope de B/.62,500 fue intransigente, aseguró la presidenta de este grupo, Natasha Sucre B., ya que la misma no podía variar o desaparecer.
La entrevistada dijo que la aprobación en segundo debate de esta Ley los llena de orgullo, pero afirmó que es necesario que el gobierno entrante perfeccione la misma y la haga permanente.
Esta sería la mejor manera en que el Estado cumpliría su obligación de dotar de viviendas dignas a los panameños, manifestó Sucre.
Para la presidente de ACOBIR los beneficios que la Ley ha dado no son teóricos sino tangibles y se han visto durante los casi 15 años que tiene la disposición legal.
Expresó que Panamá es el único país del área en donde hay mayor cantidad de familias con ingresos bajos o medios que son propietarios de sus casas. Y aunque la cantidad no es suficiente este hecho no se puede encontrar en naciones como Guatemala, El Salvador, ni nuestros vecinas Costa Rica y Colombia.
¿Las razones? Son claras y Sucre las mencionó: Primero, la Ley de Intereses Preferenciales, la que permite disminuir el ingreso familiar que se requiere para optar por una residencia propia y segundo, la existencia de un centro bancario ágil y agresivo que permite que familias con ingresos estables y con seriedad como sujeto de crédito puedan lograr préstamos hipotecarios.
Para asombro de los costarricenses, salvadores y colombianos, para dar un ejemplo, una familia panameña con ingresos familiares de B/.286 mensuales puede aspirar, gracias a la mencionada Ley, a una casa valorada en B/.15 mil y pagar B/. 85.52 de hipoteca al mes, indicó.
Como dijo Sucre no es la casa perfecta, pero si es la base de una ilusión que origina que los dueños se hagan más responsables y productivos para ellos mismos, por ende para el país. Esas personas saben que están capitalizando su dinero, y estos efectos no se pueden medir, pero si sentir, dijo la presidente de ACOBIR.
Agregó que siempre estuvo segura de que el Legislativo y Ejecutivo llegarían a un acuerdo, ya que los efectos positivos múltiples que genera la Ley son evidentes y convierten en casi nada los B/.12 millones que gasta el gobierno en subsidio.
Como ejemplo, dijo que el 45% que se invierte al año en la industria de la construcción va directo al pago de la mano de obra, esto quiere decir que los principales beneficiados son los trabajadores que hacen las casas.
También señaló como beneficiados, aunque de manera indirecta a muchas otras personas, que van desde la señora que tiene la fonda cerca de la construcción, el vendedor de chichas y empanadas hasta las empresas que venden los materiales. En realidad es una cadena, agregó Sucre.
Respecto a los permisos de construcción, mencionó que sólo en la provincia de Panamá el Municipio logra captar unos B/.350 anuales al emitir los mismos. Este dinero va al fisco nacional.
Pero, si el efecto económico puede medirse, el social no, debido a que no puede valorarse en cifras monetarias lo que cuesta la felicidad y confortabilidad que siente una pareja o un individuo al momento de obtener su vivienda propia, expresó.
Sucre indicó que las cosas cuando son buenas no se cambian ni se eliminan, entonces ¿por qué hacerlo con la Ley de Intereses Preferenciales?
Manifestó que el gobierno y los empresarios no deben pensar solamente en sus propios intereses sino en que hay intereses que prevalecen y esos son los del país.
Si la Ley no se aprueba en tercer debate y no es sancionada por el mandatario de la República o si la misma tiene como tope sólo B/.25 mil ¿qué pasará?, Sucre nos dijo que de ser así los panameños de bajos y medios ingresos serán desplazados por aquellos con más entradas.
Tenemos que la familia que podía optar, gracias a la Ley, por una residencia de B/.35 mil tendría que conformarse con una valorada de B/.25 mil y no podría realizar su sueño de mejorar su nivel de vida. He ahí la importancia de que el límite sea de B/.62,500.
La presidenta de ACOBIR criticó que algunos funcionarios gubernamentales manifestaran que la Ley favorecía un subsidio a familias acomodadas.
La clase más productiva de una sociedad es la clase media y en este tipo entran las parejas que ganan entre los dos un salario de B/.1,000. ¿Acaso una familia con estos ingresos es rica?, preguntó Sucre. Claro que no y esta familia y más aún aquellas que ganan mucho menos quedarían fuera de la jugada si se disminuye el tope de la Ley No.3 de 20 de mayo de 1985 que permite lo que llaman subsidio, pero lo que Sucre denominó un "incentivo".
PROMOTORA SE MANTIENE EN CASAS DE B/.25 MIL
La gerente de Ventas de Economía, Planificación y Desarrollo (ECONOPLADE), Nadina Ruíz de Arrocha, dijo a
