El abogado chileno Tomás Ehrenfeld descartó hoy que tres militares uruguayos procesados en Chile en un juicio por violaciones a los derechos humanos no tengan garantizados sus derechos, como sugirió hoy el jefe del Ejército de ese país, Jorge Rosales.
Ellos "se encuentran debidamente procesados en Chile. Tienen y han tenido siempre sus derechos asegurados y garantizados por el tribunal que los procesó, por la Constitución chilena y por las leyes específicas por las cuales se les enjuició", dijo a Efe Ehrenfeld, parte querellante en el caso.
El coronel retirado Tomás Casella y los coroneles en activo Eduardo Radaelli y Wellington Sarli fueron extraditados a Chile en 2006, donde se les procesó por su eventual responsabilidad en el secuestro y asesinato del químico chileno Eugenio Berríos.
Los tres están desde hace tiempo en libertad provisional, pero sujetos a una orden de arraigo que les impide abandonar Chile.
Berríos, agente de la policía secreta de Augusto Pinochet, fue sacado subrepticiamente de Chile en 1991 para evitar que declarara en un juicio y fue visto por última vez en Uruguay en 1992, cuando se presentó en un cuartel de policía denunciado que era perseguido.
Unos militares uruguayos lo sacaron del cuartel y su cadáver fue descubierto sepultado en una playa en abril de 1995, atado y con disparos en el cráneo.
El jefe del Ejército uruguayo dijo hoy, en un discurso con motivo del Día del Ejército y del Soldado, que él y la institución están preocupados por la situación de los tres oficiales.
"Tienen familia, tienen hijos, tienen esposa. En los últimos dos años no recibieron ningún tipo de citación judicial, ninguna declaración, tampoco se les ha permitido venir al país de forma temporal (...). Al ser personal en actividad, será preocupación de este comandante", añadió el general Rosales.
Tomás Ehrenfeld, que representa en el juicio a la familia de Eugenio Berríos, afirmó que en Chile "rige el estado de derecho y por lo tanto, no solo ellos sino todos los que están en una situación similar tienen los derechos asegurados".
Admitió que los tres uruguayos tienen restringida su libertad y no pueden ausentarse del país, pero recalcó que esas limitaciones "también han sido resueltas por un tribunal con base a las leyes que corresponden".
"No se trata de una arbitrariedad sino de una resolución de un juez que ha aplicado el derecho", argumentó el abogado para quien en estos casos "no puede haber excepciones, la ley debe ser pareja para todos".
El 26 de septiembre del año pasado, el juez del caso, Alejandro Madrid, acusó formalmente del delito a una veintena de militares, incluidos tres generales chilenos y los tres uruguayos, estos últimos específicamente por asociación ilícita y secuestro.
