Los obispos católicos de Paraguay consideraron hoy que el Gobierno debe impulsar de manera urgente una reforma agraria ante el aumento de las amenazas de invasiones de haciendas en el departamento de San Pedro (centro).
El secretario general de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) Adalberto Martínez, dijo hoy en una rueda de prensa que el campesinado paraguayo desea formar parte de un proceso de reforma agraria en el país para que exista una distribución equitativa de la tierra.
El clérigo consideró, además, que una política rural eficiente podría "calmar los ánimos" y podría dar una salida a eventuales brotes de violencia en el campo.
Martínez se expresó en esos términos durante la primera de las cinco jornadas de la 183 Asamblea Ordinaria de la CEP, en la que las autoridades de la Iglesia Católica del país han conformado una comisión especial para analizar la situación de San Pedro.
En esa región del país, varios grupos de denominados "sin tierra" permanecen acampados desde hace varias semanas, ante las haciendas de los productores de soja mecanizada, principalmente de brasileños, para exigir el acceso a terrenos.
Los grupos de "sin tierra", que se encuentran movilizados desde la toma de posesión del presidente Fernando Lugo el pasado 15 de agosto, denuncian que numerosas propiedades fueron compradas o arrendadas ilegalmente por colonos brasileños y que los cultivos mecanizados como el de la soja depredan los bosques y contaminan el medio ambiente.
El secretario general de la CEP opinó que el Gobierno tendría que realizar una consulta con los diferentes sectores agrarios del país para consensuar un plan de reforma agraria.
Agregó que la comisión especial emitirá su postura con respecto al conflicto en el campo, que será incluida en la conclusión final de la Asamblea Ordinaria, que será divulgada el viernes próximo.
El conflicto en San Pedro motivó la reunión del sábado pasado entre el ministro de Interior, Rafael Filizzola, y del Medio Ambiente, José Luis Casaccia, con los grupos de denominados "sin tierra".
En ese encuentro, llevado a cabo en el distrito de Capiibary, a unos 350 kilómetros al este de Asunción, se acordó la creación de una comisión especial para buscar una salida al problema.
En la ocasión, los campesinos exigieron, además, la libertad de 30 compañeros que fueron detenidos en los intentos de ocupaciones de haciendas de las dos últimas semanas, así como la retirada de la fuerzas especiales de la policía enviadas a la región para frenar las invasiones de tierras.
