Los nuevos grupos paramilitares, surgidos tras la desmovilización de las temidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), siguen cometiendo graves atrocidades y tienen presencia en la gran mayoría de los departamentos del país, informó hoy Human Rights Watch (HRW).
El director para las Américas de esta organización no gubernamental, José Miguel Vivanco, presentó en Bogotá el informe "Herederos de los Paramilitares. La nueva cara de la violencia en Colombia", en el que asegura que esos abusos son "generalizados" y se documentan numerosos casos.
HRW, que difundió este informe de 126 páginas tras dos años de investigaciones sobre el terreno, determinó que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, quien forjó el acuerdo con las AUC para su desmovilización, "no ha hecho un esfuerzo serio para romper los vínculos, denunciar y castigar".
"Vemos una actitud pasiva del Gobierno e incluso un discurso que minimiza el problema", dijo Vivanco en una rueda de prensa.
Estos grupos "comenten habitualmente masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y extorsión, y generan un clima amenazante en las comunidades que están bajo su influencia", asegura el documento.
Según HRW, estas bandas criminales actúan en 24 de los 32 departamentos del país, con énfasis en la ciudad de Medellín (noroeste) y en los departamentos del Chocó (noroeste), Meta (centro) y Nariño (suroeste).
"Las cifras más conservadoras, usadas por la Policía Nacional de Colombia, indican que cuentan con más de 4.000 miembros", según el informe, pero Vivanco dijo que pueden alcanzar los 10.000.
Recordó que en los años 2003 a 2006 se puso en marcha un proceso de desmovilización de las AUC, "que el gobierno califica de exitoso", por el que se entregaron más de 30.000 paramilitares.
"Sin embargo, al poco surgen grupos que los reemplazan, que hoy tienen gran impacto", matizó.
Vivanco dejó claro que estas nuevas bandas "son una continuación de bloques paramilitares muy conocidos" y "operan bajo el mismo patrón".
"Casi todos sus líderes eran mandos medios de las AUC que no se desmovilizaron o cometieron fraude", dijo, al considerar que aquel proceso de desmovilización "estuvo mal concebido e implementado".
Vivanco explicó que "muchos fueron contratados para hacerse pasar por paramilitares y los verdaderos mantuvieron intactas sus estructuras".
HRW agrega que en aquel proceso "no se hicieron esfuerzos para confiscar activos y bienes" a los paramilitares, quienes hoy siguen buscando el control del territorio y manejando el negocio de la droga en Colombia.
Como ejemplo dijo que el Bloque Norte, liderado por el hoy extraditado Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", quien impuso el terror en el norte de Colombia, "nunca se desmovilizó".
HRW asegura que estas bandas, con nombres como Águilas Negras, Rastrojos o Los Paisas, "reclutan activamente a nuevos miembros y, pese a la captura de algunos de sus jefes, actúan con rapidez para reemplazar a estos mandos y ampliar sus zonas de operación".
Además, han favorecido un incremento del desplazamiento forzoso de civiles desde 2004, dice el informe.
Vivanco también alertó del peligro de que los paramilitares se introduzcan en las elecciones legislativas de marzo, al recordar que el 20 por ciento de los representantes en el Congreso que salieron de los comicios de 2006 ha sido investigado, procesado e incluso condenado por nexos con los paramilitares.
Y advirtió de que "el Gobierno no ha asegurado que las unidades de policía encargadas de combatir a estos grupos ni los fiscales responsables de investigarlos cuenten con recursos adecuados".
Por eso criticó que el Gobierno de Uribe haya destinado un millón de dólares, "según las previsiones más conservadoras", a hacer publicidad en Washington para lograr un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, cuando sólo cuatro fiscales en Colombia se dedican a investigar a las nuevas bandas paramilitares.
"Yo me pregunto: ¿Cuántos fiscales se pudieron haber contratado con esos recursos?", señaló Vivanco.
Por último, expresó su confianza de que este informe sirva para "redefinir las prioridades en materia de seguridad", al referirse a la política de seguridad democrática, el eje central de la gestión de Uribe.
