La ola de conflictos sindicales que enfrenta el Gobierno uruguayo desde hace dos semanas en reclamo de mejores salarios y otras reivindicaciones bajó su intensidad pero a partir de mañana habrá nuevas movilizaciones, señalaron hoy fuentes sindicales.
La banca oficial mantiene un largo conflicto en rechazo a medidas aprobadas por las autoridades del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), el más grande del país.
"No veo la solución, y no se puede aceptar que por presiones gremiales se ascienda a funcionarios de forma masiva", afirmó el presidente del BROU, Fernando Calloia, en declaraciones a medios locales.
Los funcionarios del banco, que realizaron varias huelgas parciales en las dos últimas semanas afectando la actividad de la plaza financiera, amenazan dejar sin dinero los cajeros automáticos.
Los controladores aéreos, que reclaman mejores salarios, volverán a paralizar sus actividades desde el lunes para retrasar los vuelos como forma de protesta.
Los funcionarios de la Intendencia de Montevideo, donde reside la mitad de los 3,4 millones de habitantes de Uruguay, decidieron no realizar horas extras, medida que afecta la recolección de basura y los controles nocturnos de tráfico, también para reclamar mejores pagas.
Los funcionarios públicos agrupados en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Públicos (COFE) realizarán una huelga el próximo 1 de diciembre para rechazar la decisión oficial de fijar un horario mínimo de seis horas de labor.
El mismo día los escribanos uruguayos comenzarán una huelga de tres días para rechazar que el Sistema Notarial de Salud, que garantiza los servicios sanitarios a unos seis mil notarios en actividad y jubilados, pase a integrar el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) como dispuso el Gobierno a partir de 1 de enero próximo.
En los últimos días, la administración del presidente José Mujica, el segundo de izquierda en la historia de Uruguay, logró un acuerdo que dejó sin efecto una huelga médica y también se solucionó un conflicto de los funcionarios de aduana que amenazaba el comercio exterior.
Además, las autoridades llegaron a un acuerdo con la gremial de funcionarios judiciales que por segunda vez en la historia ocupó la Suprema Corte de Justicia para reclamar mejores salarios.
La ola de protestas coincide con el análisis en el Parlamento del presupuesto de gastos del Gobierno para el período 2010-2015 y la instalación de consejos de salarios donde las gremiales y las empresas negocian con mediación oficial.
