La mayoría de los uruguayos está a favor de aprobar el voto a distancia y dudan sobre mantener la ley de caducidad, temas que se definirán simultáneamente a las elecciones generales del próximo 25 de octubre, de acuerdo al resultado de una encuesta difundida hoy.
El 52 por ciento de los uruguayos está a favor de habilitar, por primera vez, el voto a distancia, el 45 por ciento se opone y el 3 por ciento está indeciso en cuanto a lo que votará, según una encuesta de la empresa Cifra.
La posibilidad de que los uruguayos radicados en el exterior participen en las elecciones es impulsada por la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio (FA).
Aunque no hay cifras oficiales, se estima que más de 600.000 uruguayos están radicados en el exterior y para poder votar deben regresar al país.
En las últimas elecciones de octubre 2004 miles de uruguayos radicados en Argentina, en su gran mayoría simpatizantes del FA, viajaron a Uruguay para votar y su apoyo fue considerado decisivo para la victoria en primera vuelta de la coalición de izquierda que obtuvo el 50,5 por ciento de los votos.
En el tema de la anulación de la ley de caducidad el panorama es más complejo.
El 44 por ciento de los encuestados apoya la anulación de la ley de caducidad, el 37 por ciento está a favor de que se mantenga y el 19 por ciento no tiene postura definida, de acuerdo a la consulta.
Desde el mes de mayo, cuando el apoyo a la anulación tenía el 50 por ciento de intención de voto según la empresa encuestadora, fue perdiendo fuerza hasta caer 6 puntos porcentuales.
La ley de caducidad o "punto final" puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías implicados en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
Fue aprobada por el Parlamento en 1986, tras el retorno a la democracia, y refrendada por la ciudadanía en un plebiscito en 1989.
El Gobierno del presidente Tabaré Vázquez (socialista), el primero de izquierda en Uruguay, dejó fuera de la ley de caducidad varios sonados casos de violaciones a los derechos humanos, y ocho militares y policías.
Entre ellos, el ex dictador Gregorio "Goyo" Álvarez y el presidente democrático devenido en dictador, Juan María Bordaberry, fueron procesados y encarcelados, aunque el segundo cumple arresto en su domicilio por razones de salud.
La principal central obrera (PIT-CNT), organizaciones de izquierda y defensoras de los derechos humanos, entre otras, juntaron más de 255.000 firmas, la décima parte del padrón electoral, para habilitar una nueva consulta popular que se realizará de manera simultánea a las elecciones.
De acuerdo a los datos oficiales, 2.563.397 uruguayos están habilitados para votar el último domingo de octubre, 75.581 más que en las anteriores elecciones.
En Uruguay el voto en las elecciones generales es obligatorio y en las últimas la abstención se ubicó en el 10,38 por ciento.
