Las madres de unos 20 jóvenes colombianos ejecutados extrajudicialmente tras ser reclutados bajo engaño cerca de Bogotá han recibido once amenazas durante la gestión judicial del caso, denunciaron hoy fuentes humanitarias locales.
"La situación es preocupante", admitió a Efe el abogado Fernando Escobar, personero (representante del Ministerio Público) de Soacha, localidad vecina la capital colombiana y de la que eran oriundos los jóvenes asesinados.
Escobar advirtió de que él y sus subalternos también han recibido en conjunto siete amenazas relacionadas con el "Caso Soacha", el más emblemático de los llamados en el país "falsos positivos", asesinato de civiles a manos de militares que los presentan como rebeldes muertos en combate para mostrar resultados ante sus superiores y obtener beneficios.
Cerca de dos mil crímenes de este tipo son investigados por las autoridades judiciales, que han vinculado con ellos a medio millar de uniformados.
El titular de la Personería de Soacha precisó que la más reciente amenaza data del pasado día 23 y es la primera en la que los destinatarios son tanto las madres de las víctimas como los funcionarios de esa dependencia municipal, así como los miembros de una organización no gubernamental (ONG) de la localidad que reúne a familiares de los jóvenes.
La amenaza aparece en un documento escrito que fue introducido por debajo de la puerta del domicilio de María Sanabria, madre de uno de los jóvenes muertos, dijo Escobar.
En ella, señaló el personero, los autores del escrito dicen que han conseguido la victoria con la reciente excarcelación gradual de militares procesados dentro del "Caso Soacha", 37 de los cuales han sido puestos en libertad condicional por el vencimiento de los términos legales para que fueran llamados a juicio.
Además, los desconocidos dicen que "no quieren saber nada de 'las viejas lloronas' (como llaman a las madres de las víctimas) ni del personero, a quien tildan de 'sapo' (soplón), lo mismo que a la ONG (la de las familias)", continuó Escobar.
El funcionario estatal resaltó que la campaña de amenazas comenzó hace catorce meses, en principio contra su dependencia, que se hizo eco de las denuncias de las madres, que hicieron evidentes las ejecuciones de sus hijos, quienes desaparecieron tras haber sido abordados por desconocidos que les ofrecieron trabajo.
Las mujeres descubrieron que ellos habían sido sepultados en fosas del nordeste del país como guerrilleros muertos en combate.
Escobar dijo que, como con las anteriores, puso en conocimiento de distintas autoridades la nueva amenaza para que se investigue su origen y se ofrezca protección a las personas víctimas de ella.
El personero reconoció que su seguridad y la de sus subalternos ha sido mejorada y que las madres fueron vinculadas con un programa policial en virtud del cual pueden llamar por teléfono a un uniformado cuando lo consideren necesario.
"Sin embargo, no creemos que esta sea la respuesta más adecuada (para las madres)", dijo Escobar, quien agregó que espera que el Ministerio del Interior y de Justicia, como dependencia que tiene a cargo la protección de personas amenazadas, estudie el nivel de riesgo de la madres, adopte medidas y ponga los casos en conocimiento de los cuerpos de inteligencia.
En cuanto al origen de la campaña de amenazas, Escobar advirtió de que no se conoce quiénes puedan haberla desatado.
"No creemos responsable anticipar un posible autor, y son los órganos competentes los que deberán adelantar las investigaciones respectivas y establecer quién o quiénes están detrás de estas amenazas", dijo el funcionario.
