Maduro dice que salida de Sistema Interamericano es ya una decisión de Estado
La detreminación de Venezuela fue tras la "aberrante" sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de un individuo acusado de terrorismo.
El ministro de Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó hoy que la decisión de la salida del Sistema Interamericano de justicia es ya una "decisión de Estado" tras la "aberrante" sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de un individuo acusado de terrorismo por Caracas.
"Esto ya es una decisión de Estado y nosotros vamos a su implementación a su explicación de las distintas instancias tanto en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) tanto de los gobiernos amigos" de América Latina y el Caribe y del mundo, dijo Maduro en declaraciones al canal estatal VTV.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, ratificó ayer la decisión de su país de abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) después de que a finales de abril anunciara su intención de desligarse de la Comisión Interamericana (CIDH), partes ambas del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
"Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos apoyando al terrorismo", dijo Chávez tras referirse a un fallo de ese tribunal sobre Raúl Díaz, condenado en Venezuela de poner bombas en la embajada de España y el consulado de Colombia en Caracas en 2003.
Chávez reclamó que la CorteIDH hubiera emitido un fallo a favor de Díaz el pasado viernes por supuesta "violación del derecho a la integridad física" y "tratos inhumanos" durante la detención del acusado.
Maduro explicó hoy que los plazos para la salida corren a partir de la denuncia de la Convención Interamericana, consignando un escrito ante la secretaría general que marca el inicio del plazo de un año para desligarse "absolutamente de este Sistema Interamericano que ha degradado, que ha entrado en una etapa de degradación ética, jurídica".
Agregó que la de Díaz fue una "decisión aberrante", en la línea de lo que ha sido la conducta de la CIDH y la CorteIDH de "complicidad con todos los grupos golpistas que en Venezuela pretendieron imponer una dictadura en el año 2002 y con todos los grupos que pretendieron acabar con el proceso constitucional y democrático de Venezuela".
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la detención preventiva de Díaz fue arbitraria, con una duración excesiva y sin un recurso eficaz de apelación.
La CorteIDH reconoció algunos de los argumentos presentados por Venezuela, como que no se agotaron los recursos internos en lo que se refiere a la detención preventiva y la duración del proceso.
Sin embargo, sentenció al Estado por la violación del derecho a la integridad personal de Díaz debido a las condiciones de su reclusión y el deterioro de su salud.
El Tribunal ordenó a Venezuela que "adopte las medidas necesarias para que las condiciones de detención en el Control de Aprehendidos, actualmente Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), se adecúen a los estándares internacionales relativos a esta materia".
Díaz ha sostenido siempre que nunca participó en los atentados, aunque reconoció que a finales de 2002 comenzó a asistir a protestas contra el Gobierno de Hugo Chávez.
