La suspendida magistrada de la Corte Suprema de Bolivia Rosario Canedo interrumpió hoy la huelga de hambre que inició hace una semana, debido a problemas de salud a causa del ayuno.
La magistrada, de 64 años, se desmayó tras dar una conferencia de prensa en la cual había ratificado que mantendría la huelga "porque el pueblo de Bolivia no merece lo que se le avecina y Rosario Canedo, en su condición de ministra de la Suprema, tampoco".
Canedo inició la medida en el Congreso el pasado jueves 19 como protesta por la decisión parlamentaria de iniciar en su contra un juicio de responsabilidades por presunta prevaricación en un proceso seguido por el Banco Central de Bolivia (BCB) contra un banco en liquidación que se declaró en quiebra en la década de los noventa.
La magistrada fue atendida por los médicos del Parlamento, quienes le diagnosticaron una baja de azúcar en la sangre por los siete días de ayuno.
La diputada opositora Ninoska Lazarte explicó a los medios que, a solicitud de sus hijos, finalmente Canedo aceptó suspender la medida para ser trasladada a una clínica privada.
La magistrada, que salió del Congreso en camilla y con una mascarilla de oxígeno, fue abucheada mientras subía a una ambulancia por un grupo de personas afines al Gobierno de Evo Morales.
Por su parte, el diputado oficialista Gustavo Torrico, quien inició una "contrahuelga de hambre" el pasado viernes 20 en oposición al ayuno de Canedo, suspendió esta medida después de que la magistrada abandonara el Congreso.
"La doctora (Rosario Canedo) se puso mal esta mañana y nadie se alegra por lo que le ocurre a la otra persona, eso no está en mi conducta. La señora abandonó el Congreso y yo también me voy", señaló Torrico.
Canedo ha pedido a los organismos internacionales que se pronuncien sobre su caso y también ha anunciado que acudirá al juez español Baltasar Garzón para que verifique que "se han violentado" garantías constitucionales en el país.
La relación entre el Gobierno de Morales y el Poder Judicial es tensa pues el mandatario ha acusado varias veces a ese órgano de corrupción y a sus miembros de ser afines a los partidos opositores.
Las críticas han sido rechazadas por los magistrados, quienes acusan al Ejecutivo y al oficialismo de intentar "desmoronar" al Poder Judicial.
El Gobierno ha negado además que esté realizando una persecución política contra los miembros de ese órgano estatal y dijo que ellos propiciaron ese derrumbamiento al haber cometido "hechos de corrupción".