El Consejo de la Magistratura de Paraguay resolvió hoy mantener en sus puestos a siete de los nueve miembros de la Corte Suprema del país que habían sido removidos por el Senado en una resolución que desató una crisis entre los dos poderes del Estado.
Tras varias horas de reunión, el Consejo se remitió a su ley orgánica para concluir que no podía llamar a concurso para cubrir las vacantes supuestamente creadas, pues éstas no le habían sido comunicadas, según procede, por la propia Corte Suprema.
Las deliberaciones del Consejo fueron en abierto y retransmitidas en directo por varios medios de comunicación.
La crisis se desató el pasado día 12, cuando una mayoría de oficialistas y sectores de la oposición aprobó una resolución por la que "no confirmaba" en sus puestos a siete magistrados cuyo primer mandato de cinco años había expirado en 2009.
Los senadores instaron a cubrir las vacantes, pero la Corte Suprema declaró de inmediato la resolución "sin validez jurídica" y reafirmó la "inamovilidad" en sus puestos de los miembros del máximo tribunal.
La crisis, recurrente en Paraguay, se produce por las distintas maneras de entender lo dispuesto en la Constitución, cuya interpretación corresponde en el país al Supremo, a falta de Tribunal Constitucional.
El Consejo de la Magistratura está compuesto por representantes de los tres poderes del Estado, del Colegio de Abogados, de facultades de Derecho y por el presidente de la Corte Suprema, Víctor Núñez, afectado por la resolución del Senado.
En la sesión, la representante del Ejecutivo, Estela Kobs, propuso someter la cuestión a un dictamen externo, a cargo de un jurista reputado, pero su moción no prosperó, así como tampoco la que defendió el representante de la Cámara alta.
Horas antes, el presidente paraguayo, Fernando Lugo, había pedido que "Dios ilumine" al Consejo, tras aseverar que la crisis "por un lado es jurídica y por otra altamente política", según la web de Presidencia.
Lugo no descartó una intervención de la Iglesia Católica, pues "siempre es importante -dijo- que órganos que no tengan intereses políticos puedan mediar en estas cuestiones".
