Un tribunal argentino dará a conocer este miércoles el veredicto en el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la guarnición militar de Campo de Mayo, en el que están acusados cinco ex militares y un ex policía.
El Tribunal Federal Oral de San Martín anunciará la sentencia por el secuestro y asesinato por empalamiento del joven Floreal Avellaneda, cuyo cuerpo apareció en 1976 en las costas de Montevideo.
Por el juicio están acusados los ex generales Santiago Omar Riveros, quien era entonces jefe del complejo militar, y Ezequiel Verplaetsen, ex jefe de Inteligencia de la guarnición.
También figuran el ex director de la Escuela de Infantería de la unidad Osvaldo García, los oficiales retirados César Fragni y Raúl Harsich, y el ex policía Alberto Aneto.
Los cinco antiguos miembros del Ejército, entre ellos tres ex generales, se negaron a declarar, a diferencia del ex policía, quien aceptó dar su testimonio en el juicio oral y público por los delitos cometidos durante la dictadura argentina (1976-1983) en Campo de Mayo, situado en la periferia norte de Buenos Aires.
El juicio, por el que pasó más de un centenar de testigos, pertenece a la "megacausa" de Campo de Mayo, que reúne unas 40 causas por crímenes cometidos contra unas 500 personas en esa guarnición, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención de la dictadura.
Las cuatro querellas y la fiscalía pidieron ante los jueces Lucila Larrandart, Marta Milloc y Héctor Sagretti prisión perpetua para los seis acusados.
Sin embargo, la fiscalía también pidió penas alternativas de 25 años de prisión para Riveros y Verplatsen, 18 para García, 17 para Aneto y 15 para Harsich y Fragni.
La defensa de Aneto solicitó su absolución, al igual que los abogados de los ex militares, quienes también pidieron la anulación del juicio "por cuestiones procesales".
Durante el juicio se escuchó el relato de la madre de Floreal Avellaneda, Iris Pereyra, quien el 15 de abril de 1976 fue secuestrada junto al joven de 15 años por un grupo de tareas del Ejército, que irrumpió en su casa de la localidad bonaerense de Munro, y permaneció detenida hasta 1978.
