Catorce horas completó este martes el proceso de formalización en un juzgado de Garantía de Santiago, donde el Ministerio Público leyó 66 páginas de investigación con las que busca la prisión preventiva de 14 detenidos sospechosos de poner bombas en Chile
Un decimoquinto presunto implicado, identificado como Gustavo Fuentes Aliaga, ya está en prisión por otra causa.
Los quince sospechosos están acusados de participar en 23 atentados con bombas cometidos en los últimos años en Santiago y otras ciudades de Chile, informaron fuentes policiales.
Catorce de los sospechosos pertenecientes a grupos anarquistas que este martes han comparecido en la audiencia judicial, fueron detenidos el pasado sábado en operativos realizados en Santiago y Valparaíso, que incluyeron allanamientos a "casas okupa" en la capital chilena y también a domicilios particulares de los acusados.
El decimoquinto es un miembro de esos mismos grupos que cumple una condena por hechos anteriores, dijeron fuentes judiciales.
El centro de Justicia de Santiago, donde se celebra la audiencia, fue rodeado a primera hora por tres anillos de seguridad a cargo de unos 150 efectivos de Carabineros respaldados por carros de agua y gases, cuya acción se extendió hasta una cercana estación del Metro, donde se hicieron controles de identidad entre el público.
El llamado "caso bombas" es investigado por un fiscal especial, Alejandro Peña, que tras varios meses de trabajo ordenó los operativos del pasado sábado y es el encargado de formular los cargos específicos entre cada uno de los sospechosos.
Entre estos destacan Rodolfo Retamales y Pablo Morales, dos antiguos miembros del Grupo Lautaro, una organización ultraizquierdista que combatió contra la dictadura de Augusto Pinochet y que permanecieron más de doce años en prisión por delitos cometidos ya en democracia, a comienzos de los años 90.
El abogado Héctor Salazar, defensor de uno de los imputados, reclamó por el público respaldo del Gobierno a los operativos del sábado, pues a su juicio, "avalar este tipo de procedimientos es una mala noticia para los chilenos, en la medida en que no se están respetando las garantías procesales básicas".
En tanto, su colega Alberto Espinoza consideró como un 'show' la exposición de la Fiscalía contra los 15 detenidos "porque no se ven elementos para calificaciones terroristas".
En tanto, escuchas telefónicas que fueron presentadas durante la audiencia de formalización de cargos contra los detenidos, dejaron en evidencia la vinculación directa entre una ex funcionaria de la Intendencia (Gobernación) Metropolitana y Rodolfo Retamales, sindicado como uno de los líderes de la organización anarquista.
La persona es Carola Lizárraga, quien en una de las llamadas interceptadas en el celular de Retamales le pide reunirse con él para informarle de "una cosa que me contaron de ti y que necesito decirte", a lo que él le responde que se encuentren en la calle Bandera (cercana a la Intendencia).
En la audiencia también se reveló otro antecedente relacionado con la composición química de un elemento explosivo que una de las detenidas, Andrea Urzúa Cid, intentó entregar en Neuquén, en el sur de Chile, a dos ex lautaristas implicados en la muerte del cabo de carabinero, Luis Moyano.
Según la fiscalía, es la misma que se utilizó en los atentados contra una sucursal de Chilectra, el edificio de la Sociedad de Fomen to Fabril, una sucursal del banco Edwards en Las Condes y un restaurante.
El cabo Moyano fue muerto de un balazo en octubre del 2007, cuando intentó detener a un grupo de delincuentes que había robado una sucursal bancaria.
