Cientos de personas marcharon hoy en Ciudad del Este, a 330 kilómetros de Asunción y en la frontera con Argentina y Brasil, para exigir justicia tras el secuestro y asesinato de un joven, pese a que su familia pagó unos 30.000 dólares de rescate.
Representantes de organizaciones civiles, comisiones vecinales y estudiantiles salieron a las calles, mientras el ayuntamiento de esa ciudad, principal centro comercial y segunda urbe del país, declaró asueto para exigir la detención y "el castigo ejemplar" de los asesinos de Juan Alberto Ortiz, de 19 años.
El cadáver del joven fue encontrado en un bosque de las afueras de Ciudad del Este, con tres impactos de bala en el pecho y dos en las piernas.
El padre del joven, el abogado Juan Vicente Ortiz, dejó la noche del lunes último el dinero en el lugar indicado por los captores, en donde también se estaban apostados policías, uno de los cuales se le habría disparado accidentalmente el arma, lo que, según versiones de prensa, pudo haber causado el fatal desenlace.
Al respecto, el ministro de Interior, Rafael Filizzola, indicó hoy que hay testigos que acusan al oficial Julio Machuca de efectuar disparos que intimidaron a los secuestradores, mientras allegados del fallecido no descartan la posibilidad de que un grupo de agentes se haya infiltrado en el procedimiento para intentar apropiarse del botín.
Machuca fue trasladado a Asunción, donde se encuentra detenido y bajo sumario.
Filizzola dijo que pedirán la cooperación de las autoridades de Argentina y de Brasil, atendiendo a que Ciudad del Este colinda con las localidades argentinas de Puerto Yguazú y la brasileña de Foz do Iguazú, en la denominada Triple Frontera.
En torno a las pesquisas, la policía arrestó en la víspera a cinco personas de cuyo poder fueron incautados un uniforme militar y varios chips de celulares que podrían haber sido utilizados en las negociaciones telefónicas entre la familia y los secuestradores.
El asesinato del joven representa el segundo hecho de violencia que se registra en Ciudad del Este en dos semanas, luego de que el comerciante libanés Alí Zaioun fuera atacado a tiros cuando salía del edificio del Poder Judicial en un automóvil blindado.
Uno de sus atacantes, que murió en un enfrentamiento posterior con la Policía, fue identificado como un suboficial en activo.
En esa región del país se han producido varios sonados casos de secuestros con fines extorsivos como el del encargado de negocios del grupo religioso Moon, el japonés Hirokasu Ota, que fue liberado tras 20 días de cautiverio y el pago de unos 140.000 dólares, en abril de 2007.
