El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, aseguró hoy que sancionará una ley aprobada en el Congreso que prevé penas de hasta dos años de cárcel para quienes cierren las calles durante las protestas en el país.
La ley, aprobada esta madrugada por la Asamblea de Nacional por 40 de los 62 diputados presentes, sanciona a quienes "abusando de su derecho de reunión o manifestación, impida u obstaculice el libre tránsito por las vías públicas del país".
"Estoy de acuerdo con el aumento de pena (...) porque serán sancionados los que cierren las calles en forman violenta", expresó Martinelli a periodistas.
Dijo también que está de acuerdo con que las personas protesten pero pidió que lo hagan en las aceras, "porque el cierre de calles perjudica a todos los panameños".
La Ley 110, que contempla la penalización de las protestas, preveía inicialmente la introducción de reformas en el código electoral para dificultar que los partidos puedan revocar el mandato de sus cargos públicos por transfuguismo, en momentos en que el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) ha perdido cerca de 80.000 miembros.
Sin embargo, los diputados decidieron incluir la penalización de los cierres de calles y la inclusión de una reforma para establecer como obligatoria la presentación del certificado de antecedentes penales al solicitar un empleo.
La ley se aprueba después de que a mediados de marzo las autoridades mantuvieran detenidos a más de 200 trabajadores de la construcción durante cuatro días después de que se produjeran enfrentamientos en la vía pública con la Policía durante un reparto de volantes convocando a una marcha contra el Gobierno.
Las autoridades liberaron a los trabajadores tras pagar cada uno una multa de 15 dólares.
En Panamá, el cierre de calles era considerado una falta administrativa y era atendido por los corregidores de policía.
