El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se comprometió hoy a derogar la ley de reforma del código minero, tras varias semanas de protestas de grupos indígenas, ecologistas, sindicalistas y políticos que se oponían a ella.
"Los panameños no entienden lo que es la minería y por eso nosotros, siendo responsables, vamos a derogar la Ley 8", expresó Martinelli durante una reunión con representantes indígenas y campesinos en la población de San Félix, uno de los principales núcleos de protestas, en la provincia occidental de Chiriquí.
El presidente indicó que la intención de su Gobierno nunca fue violentar la autonomía, las costumbres y las tradiciones de los indígenas, que han sido los que más duramente han estado protestando las últimas semanas por la aprobación de esta reforma.
"No podemos empantanarnos en un debate estéril donde los panameños no quieren la minería", afirmó el gobernante panameño.
En la reunión con los miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Minerales y de los Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesinos, Martinelli se comprometió a convocar hoy mismo un Consejo de Ministros extraordinario para derogar la ley.
De igual forma, prometió llevar el próximo 14 de marzo ante la Asamblea Nacional, en la que la coalición de Gobierno tiene mayoría, un proyecto de ley que prohíba la exploración o explotación de minas en los territorios indígenas.
Para ello, invitó a los miembros de la Coordinadora a participar en las discusiones de dicho documento para que exista un consenso sobre su contenido antes de que sea aprobado.
También acordó liberar a los detenidos en los enfrentamientos del pasado 26 de febrero, que se archiven los procesos judiciales abiertos en su contra, y apoyar económicamente a quienes resultaron heridos durante los choques entre policías y manifestantes.
El compromiso entre el Gobierno, indígenas y campesinos quedó refrendado por la Iglesia católica, debido a que el presidente Martinelli se opuso a firmar algún documento, aduciendo que era necesario que ambas partes mostraran confianza mutua.
El Gobierno y la coordinadora indígena habían llegado a un principio de acuerdo el pasado domingo, después de tres semanas de protestas ciudadanas y cortes de carreteras en esa y otras regiones del país centroamericano en contra de la minería.
A raíz de esas manifestaciones, este lunes fueron repatriados los periodistas españoles Pilar Chato y Paco Gómez Nadal, tras haber sido detenidos el sábado anterior, acusados por el Gobierno panameño de "instigar y organizar" las protestas indígenas.
Chato y Gómez Nadal, duro crítico del Gobierno de Martinelli y también coordinador en Panamá de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Everywhere, fueron detenidos cuando observaban una manifestación de grupos indígenas contra la minería frente a la Asamblea Nacional, en esta capital.
La ley que reformó el código minero fue sancionada por Martinelli el 11 de febrero y desde entonces se registraron protestas de ecologistas, sindicalistas y sectores opositores, pero sobre todo de los indígenas de la etnia Ngäbe Buglé, en cuyos territorios se encuentran los principales yacimientos.
La reforma establecía un aumento en la regalía, cánones, tasas y multas para que las comunidades y comarcas aledañas a las concesiones mineras recibieran mucho más de lo que permitía el Código de 1964.
En ese sentido, la regalía por extracción de cobre, oro y plata subía del 2 al 5 por ciento, se sancionaría la minería ilegal hasta con 250.000 dólares y las fianzas en las concesiones de exploración aumentaban de 10 centavos de dólar por hectárea a 50 dólares.
En octubre pasado, el Gobierno de Martinelli derogó la Ley 30, también conocida como "ley chorizo", que fue detonante de violentas protestas en la provincia occidental panameña de Bocas del Toro en el mes de julio, debido a que contemplaba polémicas modificaciones en tres códigos (penal, judicial y laboral) y en seis leyes.
En esa ocasión se registraron dos manifestantes muertos y un centenar de heridos, entre ellos algunos agentes, en los enfrentamientos con la policía.
