El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, sufrió la primera baja de su Gabinete en vísperas de cumplir un año en el Gobierno, que ha dejado como balance reformas fiscales y la adopción de medidas en el plano interno que han levantado controversia y bajado su popularidad.
El secretario de Comunicación del Gobierno, Alfredo Prieto, indicó hoy a Efe que el ministro de Desarrollo Agropecuario, Víctor Pérez, renunció por cuestiones personales y será reemplazado en el cargo por Emilio Kirswetter, un cambio que cobra mayor relieve por la coincidencia del primer aniversario del mandato de Martinelli.
Pérez había sido objeto de críticas por un viaje que realizó por Nueva Zelanda, Australia y Vietnam con una delegación de 14 personas y un gasto que, según la prensa, ascendió a 130.000 dólares.
Prieto restó importancia a ese incidente y dijo que "eso se aclaró en su momento".
El secretario panameño destacó que el equipo con el que comenzó Martinelli su mandato "ha sido un Gobierno para llevar adelante la tarea de alcanzar las promesas de campaña", aunque no dio precisiones sobre si se producirán nuevos cambios en los próximos días.
Martinelli llega mañana a su primer año de Gobierno con un índice de popularidad que se sitúa entre el 49 y el 65 por ciento, de acuerdo a distintas encuestas publicadas en los últimos días en la prensa local.
Según un sondeo de la empresa Ipsos publicado la semana pasada por el diario Panamá América y Telemetro Canal 13, el porcentaje de aceptación de Martinelli bajó de un 61 a un 49 por ciento entre abril y mayo, en lo que fue su primera puntuación por debajo de 50 por ciento para esa medidora.
Por contra, la compañía Unimer indicó en una encuesta publicada en el diario local La Prensa el pasado día 24 que Martinelli mantenía un 65,7 por ciento de popularidad a mediados de junio.
El sondeo reveló que Martinelli ha perdido 20 puntos de popularidad en ocho meses, al bajar de un 85,9 por ciento de personas que consideraban su gestión como buena o muy buena al 65,7 por ciento.
Aún así, el mandatario panameño mantiene mejores puntuaciones que sus antecesores a la misma altura del mandato, ya que Mireya Moscoso alcanzaba un 52,5 por ciento de aprobación; Ernesto Pérez Balladares, un 48,7 por ciento, y Martín Torrijos, un 46 por ciento.
No obstante, el presidente ha sufrido un retroceso en la aceptación popular en los últimos meses debido a la adopción de medidas controvertidas como la Ley 30, denominada "ley chorizo" o "9 en 1" porque en una disposición para reformar la aviación comercial introdujo cambios en tres códigos y seis leyes.
Los cambios incluyeron una reforma en la ley orgánica de la Policía que impide que ahora un policía que sea investigado sea detenido o suspendido, la introducción de restricciones al derecho de huelga y la posibilidad de que el Gobierno se salte el estudio de impacto ambiental cuando así lo estime oportuno.
Esa ley provocó una marcha multitudinaria en el país, la segunda que tuvo que afrontar.
La primera fue convocada a mediados de marzo pasado, después de que los trabajadores protestaran contra la reforma tributaria aprobada y los planes del Gobierno de modificar el Seguro Social y el sistema educativo.
La reforma tributaria fue aprobada en tres etapas y supone el aumento en más de 250 millones de dólares anuales de los ingresos tributarios del Gobierno.
Entre las disposiciones que prevén está la bajada del impuesto de renta del 27 al 15% en promedio, pero aumentó del 5 al 7% el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (IVA), además de ampliar su aplicación a otros productos e incrementar las contribuciones de las empresas al fisco.
Entre las buenas noticias en el plano económico para el Gobierno de Martinelli ha estado la adquisición del grado de inversión otorgado por las calificadores Standard and Poors, Fitch Ratings y Moody's desde marzo.
Martinelli ajusta las finanzas y desata la controversia en su primer año
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, cumple mañana un año en el poder con un amplio despliegue de ajustes en el terreno económico y más medidas aún en la lucha contra la inseguridad, un mal que no ha atajado, pero que ha supuesto controvertidas decisiones en materia de derechos.
Una reforma fiscal en tres pasos y un fuerte paquete de medidas de inversión pública han marcado el rumbo de la política económica del Gobierno, que también ha limitado derechos en el plano laboral, mientras organizaciones sociales y la oposición le acusan de "autoritario" por no dar lugar al debate de sus decisiones.
A pesar de ello, las encuestas siguen dando a Martinelli una aprobación de la ciudadanía de entre el 49 y el 65 por ciento según diferentes encuestadores, un porcentaje más elevado que el que presentaban sus predecesores Martín Torrijos, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares a estas alturas.
Para el analista y asesor del Gobierno en materia de tratados tributarios Domingo Latorraca éste "es un gobierno, que contrario al anterior (de Torrijos), toma decisiones, mas allá de si son buenas o malas, y eso es algo que el país estaba reclamando".
"El Gobierno ha hecho ajustes importantes para reforzar las finanzas públicas y ha tomado acciones muy significativas que se reflejan en las calificaciones de las tres calificadoras de riesgo", indicó Latorraca, en alusión al otorgamiento de grado de inversión por parte de Moody"s, Fitch y Standard & Poors en los últimos meses.
Eso y el trabajo para sacar a Panamá de la lista gris de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dan al país mejores perspectivas para la inversión en el futuro, dijo Latorraca, miembro del equipo negociador de acuerdos de doble tributación del Gobierno.
El analista señaló que en el apartado negativo al Ejecutivo de Martinelli le ha faltado tener una mejor comunicación, la seguridad continúa siendo un reto importantísimo y la administración de justicia es un desafío aún mayor.
Una de las situaciones más controvertidas del Gobierno de Martinelli se han dado en este apartado.
Durante este gobierno se suspendió a la procuradora general -fiscal general-, Ana Matilde Gómez, por haber supuestamente permitido escuchas ilegales en un proceso de investigación, mientras el Ejecutivo tomaba medidas para impedir la suspensión o detención de policías investigados por la comisión de un delito.
La lista de medidas en materia de seguridad ha incluido el aumento a 50 años de la pena máxima, la reducción de la edad penal a 12 años y la construcción de bases aeronavales para la lucha contra el narcotráfico en un país que no tiene Ejército.
"No tengo palabras para describir lo frustrado que me siento, lo enojado que me siento, lo impotente", dijo Martinelli en marzo al reconocer el aumento de la inseguridad y la delincuencia en el país, mientras prometía una "guerra sin cuartel" contra el hampa.
Esas decisiones han venido acompañadas de otras medidas controvertidas en otros terrenos como la tipificación con dos años de prisión el bloqueo "violento" -término que no ha caracterizado- de calles en manifestaciones y la exención del estudio de impacto ambiental cuando lo decida el gobierno.
"Ha sido un año de constante retroceso en cualquier camino que pretendiese construirse para hacer de Panamá un estado constitucional", indicó a Efe el analista político y ex candidato a alcalde Miguel Antonio Bernal.
Bernal descalificó la tarea del Gobierno por considerarlo un "choque frontal contra el sistema interamericano de Derechos Humanos al posponer la vigencia del sistema penal acusatorio -cuerpo legal que estaba listo para su aplicación cuando Martinelli asumió el poder-, y legalizar los asesinatos por los excesos que pueda cometer la Policía".
En el campo económico, el ex candidato señaló que la reforma económica que ha previsto entre otros apartados un aumento del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA, en Panamá ITBMS), ha servido "para que los ricos se hagan más ricos".
El sociólogo Raúl Leis considera que "ha habido avances en torno al modelo de crecimiento económico, que es de libre mercado, neoliberal, pero no ha habido una propuesta de desarrollo que vaya más allá".
Señaló que medidas como la entrega de una pensión no contributiva de 100 dólares a las personas mayores de 70 años, una de las más populares de cuantas ha tomado Martinelli, "no son malas, pero el desarrollo es ir más allá, no es solo satisfacer carencias sino desarrollar potencialidades"
En materia de seguridad interna, para Leis "priman las acciones punitivas de castigo y no hay un balance".
