El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, catalogó de positivo su primer año al frente del gobierno, aunque reconoció haber cometido algunos errores y sentir frustración por el grado de inseguridad que vive el país, en una entrevista que publica hoy el diario local La Prensa.
Ha sido "un año en el que he aprendido mucho, he cometido algunos errores, he tenido algunos aciertos, pero yo creo que el balance general es positivo para Panamá", evaluó el presidente panameño.
Martinelli, quien cumplirá un año como mandatario el próximo 1 de julio, señaló que se siente frustrado por el grado de inseguridad que se vive en Panamá, aunque aseguró que en junio los asesinatos se han reducido a la mitad.
Indicó que poco a poco se está sintiendo la cobertura de la Policía Nacional, entidad cuya normativa fue reformada hace poco por la "Ley 9 en 1", también denominada popularmente "Ley chorizo", que introdujo cambios en seis leyes y tres códigos, incluidos el Penal y el Laboral, como parte de un proyecto de aviación comercial.
El presidente panameño reconoció que esa controvertida norma es un "chorizo" y que su tramitación no se hizo de la mejor forma, aunque aseguró que los cambios eran necesarios.
"Acepto que esa no era la mejor forma (...), pero pensar que iba a cambiar esas leyes una por una, me quedo cinco años y no lo termino", dijo sobre la ley, que permite que un policía investigado no sea detenido o suspendido; limita el derecho de huelga y permite saltarse el requisito de estudio de impacto ambiental cuando lo determine el Gobierno, entre otros aspectos.
Martinelli criticó el sistema judicial panameño, que, dijo, "no va acorde con la modernidad", entre otras razones, por la dilatación de procesos judiciales como el caso Cemis, que fue reabierto por la Corte Suprema de Justicia hace un año y aún se encuentra en la fase indagatoria.
El Cemis fue un millonario proyecto de un centro multimodal, industrial y de servicios en la Zona Libre de Colón, 80 kilómetros al norte de la capital, que quedó estancado al denunciarse un presunto soborno millonario a diputados de la Asamblea Nacional en 2003.
"Hay mucha plata corriendo en los pasillos (del órgano judicial) para que se dilaten los procesos", dijo.
Sobre el caso de la procuradora general separada, Ana Matilde Gómez, dijo que no tiene nada en su contra y será la Corte Suprema la que decidirá si se le reinstala en su puesto.
Gómez fue separada de su cargo en febrero pasado por la Corte Suprema para ser investigada judicialmente por acusaciones de extralimitación de funciones y en su lugar fue nombrado Giuseppe Bonissi, recomendado por el gobierno.
Finalmente, el presidente dijo que tiene escasa relación con su primo Ramón Martinelli, quien fue detenido en noviembre pasado en México por sus presuntos vínculos con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
"A Ramón Martinelli, la última vez que lo vi, fue cuando estábamos en la campaña política. En la vida hay parientes..., nadie puede juzgar a una persona por sus parientes ", destacó.
