Más de 140 organizaciones civiles mexicanas defendieron hoy las reformas legales introducidas por 17 de los 32 estados de México "a favor de la vida", que la protegen desde el mismo momento de su concepción.
En un mensaje publicado en la prensa, la plataforma de organizaciones provida señala que estas normas son "reformas modernas que concilian los derechos de la mujer y de la hija o hijo por nacer", y que protegen "la vida de ambos".
Las organizaciones señalan que las reformas introducidas en los últimos meses por los Congresos locales de 17 estados mexicanos son "vanguardistas" y "reconocen explícitamente el derecho a la vida desde la concepción y/o fecundación".
Esta medidas "elevan a rango constitucional" en cada uno de los estados el "Derecho a la Vida de todos y todas, sin discriminación por ningún motivo", y mantienen intactas las "excusas absolutorias" para la mujer "que cometa el delito de aborto en caso de violación por malformación congénita, riesgo de su vida o de su salud, según lo establezca cada código penal".
Las organizaciones recuerdan en su mensaje que la nueva normativa "en ningún caso" aumentó las penas ya establecidas para casos de aborto.
Según las ONG, las reformas "cumplen con los acuerdos y tratados internacionales" suscritos por México, "que establecen que toda persona tiene derecho a que se le respete la vida a partir de la concepción y subrayan que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".
El mensaje surge a unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice una controversia constitucional presentada por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), contra una ley federal aprobada en julio de 2008 que establece que todos los hospitales públicos deben dar anticoncepción de emergencia a mujeres que hayan sido violadas.
En principio, el dictamen estima que la NOM-46 es constitucional, lo que analizará el pleno el próximo 17 de mayo.
Preocupado por las nuevas leyes provida aprobadas en 17 estados mexicanos se mostró ya el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) el pasado 24 de noviembre.
Aquel día también se posicionó contra las reformas la presidenta de Inmujeres, Rocío García Gaytán, quien anticipó posibles problemas legales en el futuro debido a conflictos entre leyes estatales y federales.
México fue escenario en 1999 de una encendida polémica en relación con el aborto de la menor Paulina Ramírez, quien fue violada a los 13 años y a quien funcionarios del sector Salud del estado de Baja California lograron disuadir de que no abortara.
El caso fue tan prominente que terminó en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2005 ordenó al Estado mexicano indemnizar a la joven con la cobertura de los gastos de manutención de su hijo hasta que éste sea mayor de edad.
