Los 1.510 defensores de los derechos humanos en Colombia que recibieron amenazas de muerte en los primeros nueve meses del año cuentan con un "esquema de protección" a cargo del Estado, aseguró hoy el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia.
El programa de seguridad de estos activistas ha costado unos 13.000 millones de pesos (casi 5,70 millones de dólares), explicó Valencia, después de reunirse en Bogotá con representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos.
En una declaración divulgada por la Secretaría de Prensa de la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo), el ministro dijo que "el Gobierno escucha con atención y procederá en consecuencia, para insistir en la promoción de las investigaciones por las amenazas" a defensores.
El funcionario destacó que esta tarea es acompañada por la Fiscalía General, que ha anunciado la creación de unidades de derechos humanos en los departamentos del país, para que asuman la investigación de los casos de amenazas y detengan a los responsables de ataques contra los activistas.
El Gobierno también contará con la colaboración de la Procuraduría General, que es el órgano de control de los funcionarios estatales, explicó Valencia.
La procuraduría "continuará acompañando al Ministerio de Defensa Nacional en la depuración de los informes de inteligencia que tienen organismos de seguridad del Estado, donde son mencionados defensores de los derechos humanos", expresó el ministro.
Valencia aseguró que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe "mantendrá y fortalecerá todas las garantías que sean necesarias" para que estas personas "hagan sus denuncias por presuntas violaciones de los derechos humanos".
