El grupo mexicano Chihuahua expresó hoy su deseo de lograr un acuerdo "justo" con el Gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, para una indemnización por la expropiación de sus acciones en una fábrica de cemento, y agregó que recurrir a un arbitraje sería un caso "extremo".
Así lo informó el director general del Grupo Cementos de Chihuahua, Manuel Milán, quien arribó hoy a La Paz con su director de Planificación, Jaime Fernández, para reunirse con ministros de Morales, empresarios y sus socios bolivianos de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
Tras una reunión con la mayor patronal del país, Milán reconoció que la expropiación de las acciones de Soboce en la empresa mixta Fancesa sorprendió y disgustó al grupo, pero aclaró que no van a discutir la decisión porque es "un hecho consumado" y "una circunstancia que no está pasando solamente en Bolivia".
Añadió que ir a un arbitraje sería "el extremo" y aseguró que la firma quiere concluir las negociaciones con Morales "de una manera transparente, justa y rápida".
"No quisiéramos de ninguna manera llegar a un proceso confrontacional. No venimos a pelearnos. Venimos a entender, escuchar y buscar que se llegue a una solución justa", dijo Milán en rueda de prensa.
Morales expropió las acciones de Soboce en Fancesa, equivalentes al 33% del capital de esta cementera mixta, en beneficio de la gobernación de la provincia sureña Chuquisaca, dirigida por el oficialista Esteban Urquizo.
El mandatario dijo que aprobó la confiscación porque la compra de ese paquete accionarial en 1999 fue irregular, lo cual niegan los afectados.
En Soboce, principal productora de cemento del país, tiene el 51% un grupo de inversores bolivianos encabezados por el político opositor Samuel Doria Medina y 47% el grupo mexicano.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, anunció la semana pasada que se hará un estudio para "conciliar" lo que han ganado y pagado los expropiados, y no descartó reclamarles una compensación.
Milán pidió hoy que se busque una empresa "capaz e independiente" para valorar las acciones confiscadas.
Agregó que, a pesar de la expropiación, el grupo Chihuahua decidió permanecer otros cinco años en Bolivia, por ser "un país hermano y una economía con mucho potencial".
Los ejecutivos mexicanos prevén reunirse mañana con el canciller boliviano, David Choquehuanca, y el lunes próximo con la ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi.
