Miles de panameños convocados por alrededor de 60 organizaciones sociales y sindicales reclamaron hoy al presidente, Ricardo Martinelli, la derogación de la denominada "ley camarón", una norma que, entre otras medidas, limita el derecho de huelga y reduce el control al Gobierno en materia ambiental.
Sindicatos, agrupaciones ambientales y organizaciones de la sociedad civil marcharon de forma pacífica por el centro de la ciudad hasta la Presidencia exigiendo la retirada de la ley, que fue promulgada ayer por Martinelli, y anunciaron la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
"Es un movilización que estamos haciendo hoy en rechazo a esa ley aprobada y lógicamente exigiendo que se derogue", indicó a Efe el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López.
La ley 177, apodada como "ley camarón" o "ley chorizo" y planteada como una reforma a la legislación en materia de aviación comercial, fue aprobada el fin de semana en el Parlamento panameño con reformas a los códigos Penal, de Trabajo y Judicial y seis leyes incluida la orgánica de Policía.
El dirigente sindical afirmó que la de hoy es sólo la primera marcha que se realiza y que va a haber una serie de "actividades tendentes a que esa ley sea derogada".
Anunció que el lunes "se va a presentar la demanda de inconstitucionalidad a la Corte Suprema" y las organizaciones están estudiando la posibilidad de convocar una huelga general.
Entre las modificaciones que introduce la ley figuran la posibilidad de suspender los contratos de los trabajadores que hagan huelga y la contratación de personas para sustituir a quienes la secundan, además, de la garantía de la operatividad de las empresas en conflicto laboral.
También contempla la eliminación de la opción de detener o suspender a un policía investigado por un delito cometido en ejercicio de sus funciones y establece la eliminación de la obligatoriedad del estudio de impacto ambiental para obras que el Estado considere de "interés social".
"Esta marcha es ya no para pedir el veto, porque ya fue sancionada, pero sí para mandar el mensaje al presidente del Gobierno que los panameños no nos vamos a dejar imponer leyes que nos afecten a todos", declaró a Efe la directora del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, Raisa Banfield.
En opinión de la activista, "ha habido una imposición gubernamental" al aprobar "un proyecto inconsulto" y advirtió que "no se pueden dar respuestas inmediatas" a procesos que implican desarrollo y afectan a lo social, ambiental y económico.
En ese sentido, manifestó su esperanza de que "el presidente capte el mensaje y retroceda", pero adelantó que en caso de no dar marcha atrás, apelarán a las instancias judiciales nacionales e internacionales "porque el tema ambiental y el tema de derechos humanos no es un tema local (...), es un tema internacional".
