Las autoridades del Ministerio de Cultura de Perú participaron hoy en las celebraciones del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, junto a representantes de 20 organizaciones nativas del país, que esperan la promulgación de una Ley de consulta previa sobre el uso de la tierra y los recursos naturales.
La ministra de Cultura, Susana Baca, una reconocida cantante y artista afroperuana, afirmó durante una ceremonia realizada en el Museo de la Nación que su gestión buscará acercarse "a todos los rincones del Perú y a todos los pueblos originarios".
"Les pido que sientan que esta es su casa, aquí los esperamos y estaremos con ustedes siempre", señaló Baca a un auditorio compuesto por representantes de distintas agrupaciones indígenas de la costa, sierra y selva del país.
El viceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, aseguró, por su parte, que para el actual gobierno deL presidente Ollanta Humala la promulgación de esa ley tiene "carácter de urgencia" porque ha sido "largamente postergada".
"Recordarlo hoy día, plantear la urgencia de su promulgación, es algo así como traducir esta celebración, que pase de ser un acto meramente simbólico, y demostrar que el actual gobierno realmente tiene una voluntad de equidad y justicia social", anotó Otta en una entrevista al canal estatal TV Perú.
Uno de los líderes indígenas invitados al acto celebrado en el Museo de la Nación fue el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, que encabezó una violenta protesta contra el gobierno de Alan García hace tres años por unas leyes que consideraban lesivas a sus derechos sobre la tierra y los recursos.
Aidesep es una de las organizaciones que defienden la promulgación de la Ley de consulta previa basada en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que señala que los pueblos indígenas deberán ser consultados antes de permitir actividades extractivas en las tierras que ocupan.
Pizango dijo durante la ceremonia que la promulgación de la Ley de consulta permitirá a su país vivir en armonía, tras los sucesos de 2009, que dejaron 24 policías y 10 civiles muertos.
Por su parte, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), que reúne a entidades de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina, afirmó que los pueblos indígenas reivindican "su resistencia secular para pasar a las propuestas urgentes".
En un comunicado difundido en Lima, la CAOI agregó que los pueblos indígenas se defienden "de la incursión inconsulta de las actividades mineras, forestales, de hidrocarburos, y contra la privatización del agua".
"Nos oponemos al modelo extractivista depredador, a las políticas que criminalizan el ejercicio de nuestros derechos, a la militarización de nuestros territorios" y "planteamos claramente que en los gobiernos alternativos no haya lugar para las políticas de los gobiernos de derecha", señaló el comunicado.
La legisladora Marisol Pérez Tello, de la derechista Alianza por el Gran Cambio, también se manifestó a favor de la promulgación de la Ley, que fue cuestionada por el pasado gobierno de Alan García, y dijo que "no constituye un derecho de veto al desarrollo del país".
Pérez Tello comentó los supuestos "malos entendidos" utilizados para rechazar la norma y señaló que la opinión de los pueblos indígenas solo puede ser vinculante cuando se pone en riesgo la existencia misma de las comunidades.
