El ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Gustavo Larrea, lamentó hoy las declaraciones del canciller de Brasil, Celso Amorim, sobre la decisión de Quito de llevar a un arbitraje internacional un crédito otorgado por un banco de ese país.
"Creo que Celso (Amorim) se equivoca, Ecuador lo que hizo es ir a un arbitraje con pleno derecho", dijo Larrea.
Recordó que la estatal brasileña Petrobras llevó también a Ecuador a un arbitraje y entonces este país "ni mucho menos hizo una protesta diplomática ni usó una discrepancia en materia económica como un hecho político".
Larrea respondió así a unas declaraciones que hizo Amorim ayer ante el Congreso de su país, publicadas hoy por la prensa local, en las que señala que Ecuador "se dio un tiro en el pie" con su decisión de recurrir a ese arbitraje y pudo haber cerrado las puertas a futuras financiaciones de Brasil.
"Lamento que el canciller de Brasil tenga ese tipo de expresiones. Nuestro Estado es soberano y tiene todo el derecho de ir a arbitrajes cuando considere que un contrato afecta su interés nacional", puntualizó Larrea a la televisión local Teleamazonas.
El Gobierno de Ecuador ha recurrido a la justicia internacional para intentar desconocer un crédito por 286,8 millones de dólares contraído con el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.
Quito alega que ese préstamo fue concedido para las obras de una represa construida por la empresa brasileña Odebrecht y que dejó de funcionar unos meses después de haber entrado en operaciones, lo cual le resta legitimidad a la deuda.
El asunto, que ha generado tensiones diplomáticas, ha llevado al Gobierno de Ecuador a expulsar a Odebrecht del país y a Brasil a llamar a consultas a su embajador en Quito, Antonino Marques Porto, quien se encuentra en Brasilia desde hace ya veinte días.
Para Larrea, el arbitraje "es una medida absolutamente legal" y aclaró que Ecuador no ha dicho que no va a pagar ese préstamo, sino que de momento solo ha solicitado un arbitraje.
"Si un país condiciona las fuentes de financiamiento a que el Estado ecuatoriano no tenga derecho a reclamar sus intereses, no nos interesa ese financiamiento, eso es obvio. Esa es una práctica política condenable", expresó el ministro.
