El ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi, acudió hoy al Parlamento forzado por la oposición para rendir cuentas por el incendio de un penal que se saldó con la muerte de 12 reclusos y varios heridos de gravedad.
Esta comparecencia es la primera que realiza un ministro del Gobierno de José Mujica desde que el ex guerrillero tupamaro asumiera el poder el pasado mes de marzo y supone el fin del período de entendimiento que Gobierno y oposición mantenían desde entonces.
Bonomi acudió al Parlamento para explicar lo sucedido el pasado día 8 en la cárcel de Rocha, al este del país y cerca de la frontera con Brasil, cuando las llamas devoraron una celda en la que vivían hacinados una veintena de internos, 12 de los cuales fallecieron.
Tras el incendio surgieron acusaciones contra los guardas de la prisión por su supuesta negligencia a la hora de alertar a los bomberos y socorrer a los presos, lo que a juicio del Gobierno fue utilizado por la oposición para obtener réditos políticos en lugar de ofrecer soluciones al crítico problema carcelario de Uruguay.
En su comparecencia, Bonomi, que durante la dictadura militar (1973-1985) pasó varios años entre rejas, reconoció el hacinamiento y las pésimas condiciones de las prisiones.
El ministro negó, sin embargo, tener responsabilidad por lo ocurrido, algo que achacó a la falta de recursos y a la falta de decisiones políticas que debieron tomarse en el pasado.
Bonomi fue interpelado por el diputado del Partido Nacional José Carlos Cardoso, al que pidió que respondiera "por la mayor catástrofe humanitaria y la mayor violación de los derechos humanos en el país desde la recuperación de la democracia en 1985".
"Hay responsabilidades, porque estos hechos fueron previstos y anunciados por varios agentes, entre ellos las Naciones Unidas y varios informes internos de la policía que avisaban sobre la precariedad de las condiciones de la cárcel de Rocha", afirmó el diputado.
Según datos oficiales, las cárceles uruguayas tienen capacidad para un total de 6.443 reclusos, pero en ellas conviven 8.863, lo que supone una densidad del 138 por ciento.
Un informe de Naciones Unidas realizado en 2009 concluyó que las condiciones de las cárceles uruguayas eran "infrahumanas" y constituían un "insulto a la dignidad que supone una violación sistemática los derechos humanos".
