Una misión exploratoria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó hoy una visita a Honduras para conocer sobre las necesidades del país centroamericano en materia de delincuencia y violaciones a los derechos humanos.
La misión llegó a Tegucigalpa el pasado día 11 a petición del presidente hondureño, Porfirio Lobo, con quien se reunió el miércoles, indicó en un comunicado la Oficina del Sistema de las Naciones Unidas en Tegucigalpa.
Los enviados de la ONU vinieron para "evaluar posibles ámbitos de apoyo técnico que el Sistema de Naciones Unidas pudiera brindar con el objetivo de reforzar las capacidades nacionales en la lucha contra la impunidad, relacionada con la delincuencia organizada y graves violaciones de derechos humanos", añade la nota de prensa.
El grupo de trabajo de la ONU también se reunió con otros altos funcionarios del Gobierno y contra-partes nacionales involucradas en el sistema de Justicia.
La misión la integraron representantes del Departamento de Asuntos Políticos y las oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, apoyada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Según el comunicado, "la misión exploratoria ha encontrado espacios positivos para un diálogo para el fortalecimiento del Estado de derecho en Honduras".
Además, emitirá recomendaciones al Gobierno de Honduras sobre aquellas áreas que podrían ser abordadas y los tiempos para su ejecución.
"Las actividades emanadas de dichas recomendaciones se concretarán en un diálogo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Honduras", subraya el escueto informe de la Oficina del Sistema de la ONU en Tegucigalpa.
El Gobierno de Honduras está interviniendo la Policía Nacional por la participación de agentes y oficiales en diversos delitos, incluso crímenes que no han sido esclarecidos.
El país también vive una agitada ola de violencia que, según el presidente Lobo, se ha reducido sustancialmente con la "Operación Relámpago" que está en vigor desde el 1 de noviembre pasado en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, y el oriental departamento de Olancho.
Entre otras medidas para frenar la criminalidad, con un promedio de 20 muertes diarias, se han aprobado leyes que permiten la participación de los militares en allanamientos y capturas, la intervención de las comunicaciones y la prohibición de que en las motocicletas vayan dos personas.
Según informes de organismos de derechos humanos y la misma Policía, la mayoría de los crímenes son cometidos en motocicletas, aunque hoy un suboficial instructor de la fuerza especial "Cobras", fue asesinado a tiros en Tegucigalpa por desconocidos que se desplazaban en un vehículo.
